Los desafíos que implica la nueva regulación a la salmonicultura

*Columna de opinión para Salmonexpert de José Miguel Burgos, exdirector nacional de Sernapesca, actual investigador de la Universidad de Chile y consultor en Acuiestudios.

La acuicultura chilena enfrentará importantes desafíos post pandemia, algunos relacionados con la situación de precios y costos, otros con temas laborales, pero sin duda. los desafíos medioambientales serán muy relevantes.

Para comenzar, quisiera retomar la discusión existente en el parlamento respecto a tres puntos que me parecen de suma importancia y que se discuten en diversos proyectos de ley:

La operación de la acuicultura en proximidades a áreas Marinas protegidas (AMP). Este punto ha sido tratado en más de un proyecto de ley, en donde la discusión se ha centrado en cómo debieran operar y las distancias de las concesiones con estas áreas. Como es sabido, Chile posee, con relación a su territorio, uno de los mayores porcentajes de Áreas Marinas protegidas, muchas de ellas creadas durante el pasado Gobierno. 

Como es conocido, cada una de estas áreas debe contar con un plan de manejo para que de esta forma se logre proteger los objetivos de conservación, que muchas veces incorporan aspectos mas allá de lo biológico, como por ejemplo el patrimonio cultural. Entonces un desafío importante es cómo compatibilizar la operación de la acuicultura en estas áreas cumpliendo o colaborando con los objetivos que el país se ha planteado proteger. 

Un punto importante para tener en cuenta para el diseño de este camino es el pronunciamiento de la Contraloría en el año 2013 con relación a los derechos ya otorgados, en cuanto a la operación de la pesca y la acuicultura en las áreas protegidas, y el más reciente relacionado a las exigencias para la operación de las concesiones ubicadas en las AMP, las que deben cumplir con requisitos adicionales con respecto a las otras que se encuentran fuera de éstas.

Hoy en día, mientras se discute ya durante muchos años el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas, le corresponde a la Conaf desarrollar los planes de manejo de las áreas marinas, lo que supondría una activa participación de la sectorialidad pesquera y acuícola en este proceso, dado que se intervendrá en actividades ya reguladas tanto en materia de pesca y acuicultura, lo que debería realizarse en forma más activa que lo que se ha realizado. Por otra parte, dado que este es un punto de interés ciudadano, se requiere de una activa participación de la sociedad civil en general.

Otro desafío importante, es el que tiene que ver con la implementación de la Ley de protección de mamíferos marinos del NOAA. Chile actualmente está en la etapa final de la clasificación de las pesquerías y de la acuicultura nacionales que exportan productos pesqueros a Estados Unidos. Esta es una tremenda oportunidad para que nuestro país pueda avanzar en un mayor conocimiento de los mamíferos marinos, por ejemplo, en censos, en la capacitación de los trabajadores de la pesca y la acuicultura en cómo manejar situaciones de enmalle e interferencia y cómo avanzar en sostener un mejor sistema de reporte de avistamientos de mamíferos marinos. Para el Gobierno, esta coyuntura ofrece una oportunidad de mejorar la gestión en el ámbito de la información, regulación y protección.

En este mismo aspecto, quisiera señalar que una mención aparte merece la oportunidad, a partir del trabajo del Dr. Bedriñana y colaboradores, recientemente publicado en los reportes científicos de la Revista Nature, respecto a la ballena azul, de que se pueda articular una colaboración entre la academia, los pescadores, los armadores, la industria acuícola, las ONGs y el Estado, con el fin de realizar nuestros mejores esfuerzos para desarrollar el mejor plan para su protección. La ballena azul, debe ser protegida por todos en un plan racional y participativo, que considera la valiosa investigación científica, las mejores prácticas y la mejor tecnología y de esta manera, poder contribuir seriamente a la conservación de este cetáceo ícono de la conservación a nivel mundial.

Un tercer aspecto dice relación con los escapes de peces, los cuales, en un reciente reporte del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, alcanzaron para el año 2020 una cifra de 410.150 peces en ocho eventos de escapes de salmones desde centros de engorda en mar. Si bien esta cifra es baja en relación a los peces sembrados anualmente, es un tema de preocupación, que ha sido abordado recientemente en la discusión parlamentaria, incorporando en un proyecto de ley normas que permiten que los armadores artesanales puedan capturar salmones escapados como captura incidental, eliminándose referencia a todas las categorías y la de fauna acompañante, todo esto por tratarse de una actividad de captura accidental y por otra parte, modifica la regulación orientándola a la incorporación de medidas preventivas en relación a las estructuras de cultivo y propone altas sanciones  que serían proporcionales al nivel de recuperación de los peces escapados.

Asimismo, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura publicó el reglamento que impone mayores exigencias a las estructuras de cultivo de salmones, de modo de disminuir el riesgo de hundimiento de jaulas o escape de peces. 

En este sentido, tanto el parlamento como la autoridad pesquera y acuícola han planteado fuertes modificaciones legales y reglamentarias apuntando a mejorar el estándar de seguridad de las estructuras de cultivo, poniendo el foco en la prevención, utilizando para los cálculos ingenieriles los peores escenarios meteorológicos y oceanográficos. 

El inicio de esta regulación, que será progresivo, demandará que se desarrollen mejores sistemas de información de datos oceanográficos y meteorológicos en cada una de las zonas de cultivo y contar con un sólido sistema de trazabilidad de los principales elementos constituyentes de los sistemas de cultivo. Esto último es de complejidad mayor para la industria, en razón a que el sistema debe garantizar la trazabilidad de los elementos adquiridos con anterioridad a la entrada en vigor de esta regulación, para efectos de considerar la vida útil de la estructura en su integridad.