Los desafíos de la salmonicultura chilena frente a una nueva Constitución

Luego del Plebiscito desarrollado ayer, la ciudadanía decidió que una convención constitucional, con 155 miembros elegidos por voto popular, donde habrá paridad de género y representación de pueblos originarios, redactará una nueva Carta Magna a partir de mayo del próximo año. 

De acuerdo con el Servel, la opción apruebo ganó con más del 78% de los votos totales, mientras que la alternativa convención constitucional -sin parlamentarios- se impuso con casi el 79% de las preferencias. En el primer semestre de 2022, como proceso final, se efectuará un Plebiscito de salida, donde se da el vamos definitivo o se rechaza una nueva Carta Magna. 

Frente a esto, el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, afirma a Salmonexpert que tras un paso democrático “los ciudadanos tienen esperanzas de cambios que vayan en beneficio de su felicidad, y esperamos que ese proceso que se inicia y que se traducirá en una nueva Constitución -con orden, seriedad y transparencia, como hasta ahora-, lo permita”. 

“La hoja en blanco no significa borrar el pasado, sino identificar qué mejorar y mantener, y cuáles elementos agregar, mirando a un futuro más positivo. La industria salmonicultora del 2020 ya está pensando en las relaciones con las comunidades, en la sustentabilidad, en marcas para posicionarse en el extranjero como un producto sano y rico, y también sostenible, entonces sin duda las reglas del juego que se perfeccionan van modificando la manera de movilizarse del sector”, indica Odebret.

Por tanto, mirando hacia los próximos 50 años, el dirigente gremial manifiesta que “incluir nuevas medidas para mejorar la calidad de vida de las personas no debe significar restar competitividad a las industrias como la del salmón -ambas cosas pueden ir de la mano adecuadamente-, porque el país necesita desarrollarse y crecer, esto tiene que ser parte central de la discusión que viene”.

Especificando en lo anterior, “existen elementos centrales como la propiedad privada, ante la cual tenemos claro que ella permite generar crecimiento, por supuesto de forma sostenible y donde la riqueza generada debe llegarle a todos, para que beneficie al país y a cada una de las personas que lo componen”, expone el presidente de los salmonicultores de Magallanes.

Tributos acuícolas y recursos naturales

Por su parte, el exdirector nacional de Sernapesca y consultor en Acuiestudios, José Miguel Burgos, señala a Salmonexpert que una nueva Constitución significa “un mundo de oportunidades y no de amenazas para la salmonicultura. Entre otras cosas, con este proceso, como país nos vamos a mover a dar más garantías a derechos que han estado en la palestra, como salud, trabajo, desarrollo de la mujer en aspectos como igualdad de sueldos y responsabilidades de la maternidad”. 

Asimismo, temas como la descentralización del país serán claves, donde probablemente discutirá sobre los tributos acuícolas, respecto a dónde se invierten los dineros de estas patentes “ya que en la actualidad, el 50% de estos recursos se va a regiones para fondos generales, no específicos. Otro punto que se tocará en el marco de la nueva Constitución será la protección del medio ambiente, con lo que sanciones por malas prácticas serán endurecidas tal como lo vemos en proyectos de ley que se tramitan hoy en el Congreso”, detalla el experto.

En tanto, derechos sobre los recursos naturales, partiendo por la propiedad del agua, serán parte relevante de la discusión para elaborar la nueva Carta Magna, asegura Burgos. Allí, “la duración de las concesiones acuícolas será debatida, porque no creo que se llegue a expropiaciones, sino más bien a condicionar la mantención de las concesiones acuícolas al cumplimiento de estándares más estrictos que los actuales”. 

El exdirector nacional de Sernapesca y consultor en Acuiestudios es enfático: “En el mundo de hoy será cada vez más difícil obtener permisos para cualquier proceso productivo, si es que no se cuenta con una licencia social para operar, formal o informal. El gran trabajo es cómo hacemos que esta industria acuícola avance en este aspecto”.

Política nacional de acuicultura

A su vez, el consultor senior de Acuasesorías, Marcelo Campos, expresa a Salmonexpert que “es fundamental y de manera urgente, implementar una nueva política nacional de acuicultura, cuyas bases se sustenten en los principios de la economía circular, la eficiencia productiva, el crecimiento azul, la responsabilidad social empresarial y la licencia social para operar, todas teorías o principios modernos tendientes a producir en un contexto de gobernanza eficaz, ambientalmente sustentable, económicamente viable y socialmente aceptado”. 

Los desafíos específicos más inmediatos, subraya Campos, “se relacionan con el fortalecimiento de la coordinación institucional, las estrategias comunicacionales entre los sectores público y privado, el ordenamiento del uso de borde costero, la simplificación de los procedimientos, los procesos de fiscalización que consideren la dinámica y complejidad sectorial como asimismo tanto la factibilidad técnica como financiera, el desarrollo de las capacidades humanas para enfrentar los desafíos tecnológicos y la promoción de la diversificación de la producción y los mercados. Para conseguir esto, es imprescindible en el más breve plazo revisar la institucionalidad y dar prioridad a la creación del Ministerio de Acuicultura, Pesca y Ordenamiento del Borde Costero”.