Proponen marcar salmones para conocer origen de peces escapados y robados

El proyecto de ley (boletín 11571-21) que busca endurecer la regulación hacia los escapes masivos de salmónidos, tuvo ayer un nuevo avance, recibiendo la opinión de las ONG y comunidades en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara Alta, luego de que un grupo de senadores realizaran indicaciones a la iniciativa, que buscan sancionar las fugas masivas de peces con el doble de su valor de cosecha y en caso de reincidencia, con la caducidad de la concesión.

Una de las expositoras de la jornada fue Cristina Torres, coordinadora Programas Marinos en WWF Chile, afirmando que en materia de escapes de salmónidos, en variadas ocasiones “sustentabilidad y transparencia son palabras usadas muy a la ligera. Por eso, todo necesita un respaldo de legislación pues las medidas voluntarias se quedan a veces en el entusiasmo inicial. El proyecto que se discute va bien encaminado en ese sentido”. 

Así las cosas, la representante de WWF Chile admitió que es problemático no saber qué sucedió un porcentaje de escapes, dado que la obligación de recaptura es legalmente el 10% del total. Frente a eso, aseguró que se debe desarrollar mejor tecnología con investigación, posterior monitoreo de las fugas masivas de salmones, lo que implica responsabilidad práctica de la compañía. 

Por lo mismo, Torres presentó una propuesta que WWF Chile se encuentra trabajando en conjunto con la Universidad de Los Lagos: implementar un tag en los peces para tener 100% claro cuál es el origen de ese salmón escapado y permitir su adecuada trazabilidad. 

El proyecto, que será presentado a la industria nacional próximamente, tiene un costo de unos 10 centavos de dólar por pez, implicando una marca de 1 a 2 milímetros de largo, que va en el cartílago nasal, “permitiendo identificar salmones escapados o incluso, robados. Es algo similar a lo que se efectúa con las redes de cultivo en la acuicultura”, dio a conocer a Salmonexpert la coordinadora de Programas Marinos de la ONG.

“La responsabilidad de los escapes de salmones debe recaer completamente en las compañías, por tanto, se tienen que aplicar sanciones más fuertes que sean disuasivas, con principio precautorio, uso de matrices de riesgo y programa de monitoreo ambiental. Incluso, existen áreas que dejaron de ser aptas para la acuicultura, por el cambio climático, y ello es una decisión que debe evaluar Estado”, alertó la representante de WWF Chile.

“Las empresas han realizado muy pocos esfuerzos”

Por su parte, Javiera Calisto, directora Jurídica de Oceana Chile, indicó que desde el 2010 a la fecha se han escapado como mínimo 5 millones de salmones en Chile, “con la afectación de ecosistemas y especies nativas, asilvestramiento demostrad de salmón coho y trucha arcoíris, transmisión de patógenos, disminución de la diversidad y abundancia de fauna nativa”. 

“Las empresas han realizado muy pocos esfuerzos sobre los impactos de los escapes de peces. Y hay que considerar que el salmón no es una especie nativa y no tiene depredadores tope. Por eso es tan importante pasar de un sistema de responsabilidad subjetiva a objetiva, como lo establece el actual proyecto, ya que por ejemplo la SMA demora en promedio dos años en determinar responsabilidad en fugas masivas, y con un nuevo sistema, las tareas serán más rápidas”, apuntó Calisto. 
La representante de Oceana Chile argumentó, además, que la recaptura del sector artesanal es la manera más efectiva ante escapes de salmónidos, y valoró que se pretenda implementar sanciones y caducidad de concesiones por entrega de información falsa o incompleta, reiteración de escapes, y generación de condiciones anaeróbicas por fugas masivas de peces. 

Luego, la representante de la Asociación de Comunidades Indígenas de Hualaihué, Yohana Coñuecar Llancapani, acusó ante los senadores que, a causa de los escapes de salmones de los centros Punta Redonda de Mowi Chile y Caicura de Blumar, “estos peces comienzan a comerse lo que nosotros capturamos para alimento, y se ve afectado el uso consuetudinario de nuestros espacios costeros. A las empresas lamentablemente no les interesa el porcentaje no recapturado de las fugas, por eso es importante elevar el 10% mínimo que opera hoy por ley”.