Regulación en actividad acuícola: el eslabón faltante para un desarrollo sustentable
*Columna de opinión para Salmonexpert de Ph.D Cristian Cifuentes, académico en el Instituto de Ciencias Navales y Marítimas, Universidad Austral de Chile.
Cuando hablamos de acuicultura en Chile, pensamos de inmediato en las grandes instalaciones en el sur de nuestro país, en donde se lleva a cabo la última parte del ciclo de cultivo de salmónidos. Sin embargo, la actividad acuícola es mucho más compleja si consideramos la miticultura, principalmente en la provincia de Chiloé, y los incipientes cultivos de ostras y algas en zonas costeras de las regiones de Los Ríos y Los Lagos.
La acuicultura es un actor económico relevante, generando cientos de empleos directos e indirectos, aportando al desarrollo de zonas que previamente dependían de actividades estacionales de pesca y/o turismo u otras que simplemente, no tenían opciones de generación de empleos.
Cuando nos centramos en la salmonicultura, la importancia de la industria radica en que Chile es el segundo productor de salmón a nivel mundial y el salmón, un producto de exportación que se ubica al nivel de los derivados de la minería. Lo anterior ha hecho que el Gobierno, a través de Corfo y en conjunto con un grupo de empresas, haya invertido en el desarrollo de tecnologías habilitantes para ser pioneros en el cono sur en materia de acuicultura oceánica.
Sin embargo, el crecimiento acelerado de la industria durante las últimas décadas, no ha estado exento de polémicas, como el evento de marea roja en Chiloé atribuido al vertimiento de salmones, escapes masivos en diversos centros de cultivo y la floración de algas nocivas en el Fiordo Comau.
Considerando el tamaño de la industria, su relevancia para la economía nacional y la vasta extensión de su operación, es difícil concebir que el marco regulatorio de la misma esté distribuido en múltiples servicios públicos fiscalizadores, los cuales no cuentan con los recursos humanos y de infraestructura adecuados para responder a las demandas de la actividad y por otro lado, que la misma industria no haya sido capaz de establecer prácticas que permitan eliminar eventos de escapes masivos, reducir el impacto ambiental y generar la confianza en la opinión pública la cual ve con desconfianza y rechazo la expansión de los cultivos en la zona sur austral del país.
El reciente informe de Contraloría General de la República, relativo a las acciones de cinco entidades gubernamentales, da cuenta de falencias en la fiscalización a la salmonicultura, poniendo de manifiesto la necesidad de coordinación entre entes del Estado y un aumento en los recursos. Si pensamos en otras actividades acuícolas, la regulación es mínima, aun cuando el impacto del uso extensivo de plásticos y los desechos de conchas es significativo en playas de Chiloé.
Para el crecimiento de la industria es necesario contar con un marco regulatorio unificado, que permita coordinar las acciones de los entes del Estado y que convoque a actores relevantes y a aquellos que hoy en día no están presentes, como es el caso de Directemar, entidad que hoy se encarga de velar por la seguridad de los pontones, pero no así de las balsas jaulas y sus sistemas de fondeo.
Hasta ahora existe una regulación diseminada, centrada en las condiciones de cultivo y estado de salud de los peces; sin embargo, históricamente ha habido un vacío en aspectos de diseños de estructuras de cultivo, sus sistemas de fondeo y elementos de fijación al fondo, así como también, la definición clara de quiénes son los profesionales competentes para llevar a cabo la ingeniería de estos sistemas.
Para asegurar la capacidad de soportar las condiciones ambientales adversas en las que operan los centros de cultivo, hace un año atrás existía solamente lo descrito en el Reglamento Ambiental para la Acuicultura, que establece la necesidad de contar con una Memoria de Cálculo de Fondeo, sin entregar metodologías de diseño o definir quiénes pueden realizar esa ingeniería, de las cuales depende la integridad de las estructuras. Para suplir lo anterior, la Subsecretaría de Pesca ha elaborado la Resolución Exenta 1821, la cual representa un esfuerzo en la definición de procedimientos de cálculo y los profesionales competentes habilitados para llevar a cabo la ingeniería e inspecciones de los sistemas de cultivo.
Este es el primer paso para lo que en el futuro podría ser una normativa que finalmente supla los vacíos que hoy tenemos. Si bien la R.EX 1821 representa un avance en la dirección correcta, es una base de buenas prácticas que debe ser complementada con un mayor detalle en el cálculo de pasillos metálicos, análisis de características mecánicas de fondos, estudios de fatiga en componentes metálicos, certificación de componentes, entre otros aspectos.
Si queremos que la industria crezca de forma sustentable, que Chile sea pionero en acuicultura oceánica y diversificar los cultivos, es necesario contar con un marco normativo adecuado, más aun cuando se utilizan espacios públicos para una actividad productiva que está lejos de alcanzar su máximo potencial y cuyos errores podrían implicar serios daños ambientales a zonas de enorme valor para Chile y el mundo.
