Invermar advierte que solicitud de Oceana "pondría en riesgo la regulación acuícola"

Al igual que varias firmas del sector, Invermar interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC), en contra de la solicitud de la ONG Oceana, que busca obtener información desagregada relativa a cantidad y clase de antibióticos utilizados por la industria salmonicultora durante el año 2018, y la biomasa total al final del ciclo productivo finalizado y cosechado en ese período, en toneladas. 

Según lo expuesto por la empresa a través de su abogado Jaime Barría, “la inconstitucionalidad de las disposiciones legales está constituida por traspasar los límites que el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República fija a la publicidad de los actos y resoluciones emanados de los órganos del Estado”.

Contexto 

En octubre de 2019, Oceana solicitó a Sernapesca la información ligada a tratamientos antibióticos, lo que fue denegado parcialmente por la Autoridad sectorial. Por lo cual, la ONG acudió al Consejo para la Transparencia (CPLT), deduciendo amparo. 

Tras esto, el CPLT ordenó entregar a Oceana la información, así que Invermar dedujo un reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, cuya resolución se encuentra pendiente y que constituye el antecedente inmediato al presente requerimiento.

Argumentos 

Entre sus argumentos, la compañía señaló en el TC que “la idea de sostener una publicidad a ultranza a cualquier información que role en organismos públicos y que sea recolectada en razón de las facultades fiscalizadoras de estos últimos no solamente pone en riesgo el sistema regulatorio salmonicultor, sino que puede fácilmente trasladarse a otros ámbitos en donde agentes privados actúan también con concesiones o licencias públicas, con resultados desastrosos. Esto llevaría a liberar la totalidad de la data que contiene el SIFA (Sistema de Fiscalización de Acuicultura), que es la data original desde la cual se construyen los documentos indicados”.

“Son estos datos, los recolectados y mantenidos en el SIFA, los que son tabulados, analizados y trabajados por Sernapesca en su tarea legal de confeccionar los informes, por lo que la expresión ‘datos originales’ puede vincularse a la totalidad de la data que consta en el SIFA. De este modo, en la práctica, se le estaría exigiendo al Sernapesca que divulgue todos los insumos informativos con que cuenta, tanto para la realización de los informes como también para detectar y sancionar, por ejemplo, potenciales infracciones”, advirtió Invermar. 

La afectación inconstitucional que se genera, manifestó la salmonicultora, “no está construida sólo por la revelación de datos separados (que sería lo que ocurriría si es que, por ejemplo, se solicitare acceso a los datos de uso de antibióticos o los porcentajes de mortalidad), sino que por la divulgación del conjunto de datos contenidos en el SIFA, que permite a cualquier persona conocedora (competidores o agentes del mercado) cruzar cada uno de los datos para escrutar el resultado productivo de un centro”. 

“Con el cruce de esa información, se podrá obtener el know how de cada uno de los centros de cultivo, que es lo que lo hace especial o distinto del siguiente y le permite acceder a un rendimiento económico específico, por tratarse de un elemento de naturaleza individual en el plano sanitario al tratarse del resultado de años de experiencia, de investigación y de conocimiento generado, lo que se traduce en un factor crítico de éxito del resultado productivo, que determina una mejora o legítima ventaja con ocasión de sus actividades”, apuntó Invermar frente al TC.