Bienes Nacionales rechaza tener administración de las concesiones marítimas

A la última sesión de la Comisión de medio ambiente del Senado asistieron dos representantes del Ministerio de Bienes Nacionales, invitadas para exponer los puntos de vista de la cartera sobre el proyecto de ley de administración del borde costero y concesiones marítimas que envió al Congreso el ex Presidente Sebastián Piñera el año 2012, durante su primer mandato.

La iniciativa propone traspasar al Ministerio de Bienes Nacionales las competencias de tramitación y otorgamiento de las concesiones marítimas que históricamente han estado a cargo del Ministerio de Defensa. Además, fija una serie de normas que buscan fortalecer el derecho del concesionario sobre el título que le otorga la concesión.

Tras una década en el Congreso, con períodos de nulo avance en la tramitación, el proyecto de ley se encuentra ahora con la opinión desfavorable de Gobierno.

La Jefa de la División de Bienes Nacionales de esa cartera, María Elisa Puig, expuso los puntos de vista ante los senadores de la Comisión.

Reconoció que el texto propuesto fija una política nacional de uso del borde costero del litoral y crea un sistema de gobernanza único con instrumentos de ordenamiento a través de zonificaciones.

Sin embargo, el Ministerio cuestiona que el proyecto pone el acento en una única forma de administración, las concesiones marítimas, siendo que hay otras figuras normativas vigentes como las concesiones acuícolas y los espacios costeros marítimos de pueblos originarios.

“También vemos que la fiscalización en el proyecto está tratada de una forma muy acotada al dejarla por igual en el Ministerio de Bienes Nacionales y en la Dirección de Territorio Marítimo, pero no fija ni las competencias ni las responsabilidades de cada institución”, explicó la representante del Ministerio.

Otro punto que cuestionan es que el proyecto de ley otorga un único tratamiento a los bordes marítimo, lacustres y fluviales pese a que se trata de zonas con diferencias evidentes.

En definitiva, el Gobierno ve el proyecto como una norma insuficiente, que no tiene consideraciones medio ambientales y que sólo ordena los usos productivos del territorio.

“Establece un cambio de institucionalidad mayor que no genera una perspectiva de conservación medioambiental y por lo tanto, en el contexto de transición política y administrativa en que está el país actualmente, no es de interés de esta cartera seguir impulsándolo ni que avancen en su tramitación”, dijo la representante del Ejecutivo a los senadores.

La presidenta de la Comisión de Medio Ambiente, senadora Paulina Núñez, lamentó que el Gobierno sólo haya restado su apoyo al proyecto y no hubiera, por ejemplo, presentado indicaciones para continuar trabajando. Aseguró que, pese a la opinión de la Autoridad, en la Comisión seguirán avanzando en el trámite del proyecto de ley.