“Modificar la Ley busca el exterminio de la industria salmonicultora”
Chile: Trabajadores solicitan plantearle a la Comisión de Pesca y Acuicultura la gran crisis social y económica que se produciría si se aprueba la caducidad de más de 300 concesiones en Chile.
Incertidumbre y preocupación de parte de los trabajadores de la industria salmonicultora es lo que existe actualmente, con respecto al proyecto que modifica la Ley Nº 18.892 de Pesca y Acuicultura, que busca excluir el cultivo de especies hidrobiológicas exóticas en áreas protegidas y que se ingresó a la Cámara de Diputados en noviembre pasado.
“Como trabajadores de la industria, consideramos que es un proyecto nefasto en el sentido de lo que pueda ocurrir a futuro. Estamos hablando de un proyecto de exclusión y caducidad de las concesiones, habiendo más de 300 de ellas en juego. Se propone que, de aquí a dos años, la industria debiera salir de las zonas donde está ubicada, sin plantear una relocalización. Desde ese punto de vista es muy negativo para las fuentes laborales, porque si la industria sale y no tiene opción de relocalizarse, esto podría traducirse en el fin de la industria salmonicultora en Chile”, expuso Marta Oyarzo, presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón y Ramas Afines, en conversación con Salmonexpert.
La dirigente comentó que la industria posee aproximadamente 40 mil puestos de trabajo directos. “Y si sumamos los puestos indirectos, que en total suman 70 mil, no sólo los trabajadores se verían afectados, sino que también sus familias. Estamos hablando de más de 2 millones de personas que se verían perjudicadas con este proyecto y por ende, se generaría una gran crisis social y económica en las regiones del sur austral del país”.
Oyarzo explicó que estuvieron exponiendo en la Convención Constitucional, planteando el derecho al trabajo. “Como trabajadores de la industria defenderemos este derecho. Ya presentamos la solicitud de audiencia a la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara de Diputados, porque requerimos ser escuchados. Esto, porque nos parece inaudito que Diputados de la República impulsen este tipo de iniciativas y la celeridad con que se ha gestionado esta modificación a la ley, sin tener las bases argumentativas de todos los involucrados y sin pensar en lo que podría ocasionar en términos laborales”.
A juicio de la representante de los trabajadores, la modificación a la ley busca la exterminación de la industria salmonicultora. “Digamos las cosas como son. Se propone expropiar concesiones, donde no se está respetando el derecho a la propiedad privada, entre otras cosas. Lo más lamentable es que este proyecto se pretende votar el próximo miércoles 5 de enero en la Comisión de Pesca y Acuicultura, por lo que estamos buscando todas las instancias para que esto no se lleve a cabo. Porque si se vota en la Comisión, sin derecho a discusión, sin que se presenten las personas involucradas, sin escuchar a nadie, nos llena de incertidumbre. No sabemos qué pretende el Diputado Jorge Brito, quien es el impulsor de este proyecto”.
Para Marta Oyarzo, no es extraño que detrás de este proyecto de modificación hay presiones de parte de grupos y ONG ambientalistas, que impulsan la eliminación de la industria salmonicultora. “Estas organizaciones tienen financiamiento desde el extranjero, por lo tanto, no están viviendo la realidad que vivimos nosotros en esta zona. Es muy irresponsable impulsar este tipo de iniciativas, cuando no se han puesto en los zapatos de las personas que vivimos de la salmonicultura”.
La presidenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón y Ramas Afines agregó que “todos estamos de acuerdo que el medio ambiente debe ser cuidado y preservado y también sabemos que la industria salmonicultora tiene responsabilidad en este tema. Obviamente, queremos que la industria sea sustentable y sostenible en el tiempo. Pero para eso, todos debemos trabajar, buscando en qué estamos fallando y qué debemos mejorar, no como lo plantea este proyecto. Estamos por encontrar las mejores soluciones, que haya más y mejor regulación, más fiscalización, que la industria aumente sus acciones y metas medioambientales, y se haga cargo con acciones concretas de este tema. Pero como trabajadores, algunos con más de treinta años de trayectoria, no vamos a permitir que quienes nos representan y por quienes votamos, no nos escuchen y creen leyes que nos perjudican enormemente”.