Semana clave para la continuidad de la salmonicultura chilena

En alarma está la industria chilena del salmón, y con razón: esta semana, se discute el proyecto que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, donde el Gobierno busca corregir el artículo 149 que modifica el 158 de la Ley de Pesca prohibiendo concesiones acuícolas en estas zonas, lo cual como medio de comunicación parte de un sector tan importante creemos que es un gran error pues pone en riesgo su continuidad.

Junto con lo anterior, tampoco se entrega una solución: no es posible relocalizar las concesiones, ya que no hay dónde concretarlo, no existe espacio.

Ello por las 20 millones de hectáreas marinas en zonas de conservación y 4 millones en áreas marinas protegidas para pueblos originarios: en comparación, la salmonicultura ocupa sólo 4.500 hectáreas, un 0,00018% de las zonas de conservación.

Nuestra certeza es que las concesiones de salmón pueden operar en áreas protegidas -con permisos dados por el mismo Estado-, operando bajo un modelo productivo sostenible, que por supuesto requiere un trabajo técnico conjunto de la industria, las autoridades, la academia y las comunidades, para instaurar parámetros científicos que otorguen seguridad a cada una de las partes interesadas.

La pregunta es: ¿por qué el Gobierno prefiere seguir la línea solamente de las ONG, en vez de formar grandes acuerdos técnicos, y no meramente ideológicos? Es totalmente factible establecer controles y variables que monitoreen constantemente la operación de la salmonicultura en áreas protegidas, la tecnología avanzada sí existe, al igual que los sistemas para procurar que los resultados sean 100% transparentes hacia quien los requiera, con base científica.

Además, esta visión del Gobierno desconoce la labor colegiada de los distintos Comités de Uso del Borde Costero, en las zonas donde operan concesiones de salmón, en un ordenamiento territorial donde se han priorizado áreas para conservación, con participación de las autoridades. Llama mucho la atención el silencio sobre estos aspectos, y que la voz sea tan fuerte en contra de la industria, con caricaturas que están alejadas de la realidad técnica.

¿Será el Gobierno el que se hará cargo de las más de 71.000 familias que quedarían sin empleo por una normativa que poco y nada tuvo de discusión técnica entre todas las partes interesadas? Darse ese gusto desconoce el aporte hecho por la industria en el sur de Chile, en sus más de 30 años de vida: no se trata sólo de beneficio económico, sino que muchos trabajadores y proveedores quieren a este sector que les permite un desarrollo integral con dignidad. ¿Se las escuchó a ellos? Creemos que no y por supuesto, esperamos que se tome consciencia, para el bien del país.