Preocupaciones constitucionales de la marina mercante chilena
*Columna de opinión para Salmonexpert de Héctor Henríquez, presidente de Armasur.
Lo primero es decir que el proceso constituyente es un proceso legítimo, legitimado por la aprobación de casi un 80% de la ciudadanía. Algunos cuestionarán en el contexto que se originó, pero a estas alturas, pasa a ser un dato de la causa.
Lo que la mayoría de los chilenos entendemos quería es que esto que nace de un país dividido termine en un proceso que una al país. Que dé cuenta de cómo se terminan los abusos, los privilegios, la desigualdad ante la ley, la mejor distribución del ingreso, el maltrato y que contemple derechos sociales acotados en salud, educación, vivienda, pensiones por nombrar algunos de los más importantes y que afectan el día a día de nuestros ciudadanos.
Como gremio y como parte de la Multigremial, hemos participado de todas las instancias que la misma Constitución implementó para la participación ciudadana, cabildos, iniciativas populares de norma, iniciativas constitucionales de norma, reuniones con los mismos convencionales, presentación en comisión de medio ambiente y modelo económico.
Hemos planteado que como usuarios del territorio marítimo y en específico del mar adyacente y mar interior, abogamos por el derecho del Estado de ejercer soberanía para explorar, explotar, conservar y administrar los recursos y desarrollar otras actividades económicas en esta zona con equilibrio ecológico y con el menor impacto posible al medio ambiente. Que todas las aguas son bienes nacionales de uso público. Un acceso al libre tránsito para navegación y otros usos legítimos.
Propusimos que la gestión sustentable de los recursos naturales del país y las condiciones de uso del borde costero deben radicarse en las regiones. Las decisiones sobre la planificación territorial y los permisos para realizar actividades productivas en el mar no pueden seguir tomándose en Santiago, desconociendo las capacidades y necesidades de los actores locales y la realidad y diversidad de cada territorio. En el caso de los recursos marinos de la zona sur austral, debe darse paso a una gobernanza descentralizada donde los diversos actores que comparten el maritorio puedan ponerse de acuerdo en las reglas de convivencia territorial y productiva.
Si bien en el texto que hasta la fecha está aprobado en el Pleno tanto en general como particular, encontramos instancias de descentralización y participación regional, nos preocupa la burocracia de la estructura organizacional que se está proponiendo. Nos preocupa enormemente que en lugar de eliminar privilegios, se estén implementando iniciativas que en definitiva privilegian derechos de minorías por sobre las mayorías.
Que se estén dando atribuciones de “veto” y de protectores del territorio marítimo a los pueblos originarios, muy lejos del espíritu de buscar entre todos los actores del borde costero de como todos tienen acceso al mar, respetando los equilibrios y el medio ambiente.
Todos pensábamos que la Constitución sería justa en igualdad ante la ley, condición que en algunos aspectos, no se aprecia en el texto en desarrollo. Por último, nos preocupa que ninguna de las opciones finalmente cumpla con el propósito fundamental de unir a Chile.
