Consejo de Defensa del Estado se querella contra exejecutivos de Nova Austral
Chile: La acción penal por posible fraude al Fisco, ante subreportes de la salmonicultora, implica medida precautoria que retiene cuatro pagos a la empresa por Ley Navarino que llegan a $7.000 millones.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) abrió un nuevo capítulo en el caso de subreporte de mortalidad, siembra, cosecha y abastecimiento de Nova Austral, querellándose contra exejecutivos de la salmonicultora Nicos Nicolaides, Drago Covacich, Arturo Schofield, Rigoberto Garrido e Isaac Ollivet-Besson y contra todos los que resulten responsables de un eventual fraude al Fisco.
La acción penal (RIT O-150-2020), interpuesta ante el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, sostiene que Nova Austral, al menos desde el 2016, ha percibido el beneficio de la bonificación del 20% de las ventas por Ley Navarino, “no obstante no haber ceñido su actividad económica a los márgenes que la legislación exige para el otorgamiento de dicha bonificación, al no haber dado cumplimiento a la obligación de efectuar un uso racional de los recursos naturales de la región de Magallanes, preservando la naturaleza y el medio ambiente, ya que en el desarrollo de su proceso productivo, entre los años 2016 a 2019, proporcionó información falsa a Sernapesca en relación a la mortalidad, siembra, cosecha y abastecimiento del cultivo de salmones, generando una producción excesiva, que ha redundado en un impacto negativo al medio ambiente y que, a mayor abundamiento, ha procurado ocultar a través de la adulteración del lecho marino”.
Junto con lo anterior, de acuerdo con la querella del CDE, la empresa magallánica “ha percibido bonificación por volúmenes de venta superiores a los que lícitamente pudo haber generado. Nova Austral ha obtenido por concepto de bonificación entre 2016 y 2019, la suma de $59.580.971.043, sin que cumpliera con los requisitos legales para tener derecho a ella”.
Así las cosas, el CDE solicitó al Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir una medida cautelar contra la salmonicultora, la cual fue concedida recientemente y que implica retención del pago de las solicitudes de bonificación por Ley Navarino, presentadas ante la Tesorería Regional de Magallanes por la empresa: con fecha 27 de diciembre de 2019, por un monto de $1.278.431.279, correspondiente al período de venta de septiembre de 2019; con fecha 3 de enero de 2020, por un monto de $1.586.754.868, correspondiente al período de ventas de octubre de 2019; con fecha 12 de febrero de 2020, por un monto de $2.228.664.998, correspondiente al período de venta de noviembre de 2019; de fecha 7 de mayo de 2020, por un monto de $1.859.578.375. En su conjunto, los montos ascienden al total de $6.953.429.520, casi $7.000 millones.
Al respecto, desde Nova Austral manifestaron a Salmonexpert que “los beneficios de la Ley Navarino no se han suspendido y la capacidad de la empresa de continuar solicitando el pago de dichos beneficios por otros períodos no se ha visto limitada. Sólo se retuvo de forma errónea un pago específico que abarca hasta cuatro meses y que se relaciona con un caso penal contra cinco personas (incluidos exempleados de la compañía)”.
De hecho, la empresa magallánica presentó un recurso legal para revertir esta medida de retención de pagos por Ley Navarino y espera que esta situación se resuelva pronto, tomando en cuenta que hoy es una nueva administración la que está a cargo de la compañía.
Otras de las solicitudes efectuadas por el CDE por medio de su querella frente al Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir, radican en instruir a la Brigada de Delitos Ambientales de la Policía de Investigaciones, investigar respecto del estado de sitio en donde se emplazaban los centros de cultivo objeto de Nova Austral, además de una caracterización de este caso por parte de Sernapesca y la SMA, y la citación a declarar de funcionarios de ambas reparticiones públicas.
Asimismo, la acción penal pide la entrega voluntaria o la incautación por la Policía de Investigaciones de la contabilidad de la salmonicultora magallánica desde el 2015 a la fecha; oficiar al Servicio de Impuestos Internos que informe el monto de beneficios tributarios y aduaneros obtenidos por esta empresa al amparo de la Ley Navarino; e instruir a la PDI investigar con orden amplia, de fuentes abiertas o cerradas, el estado patrimonial de la compañía y de los querellados, con datos de los últimos cinco años.
