Exfiscal nacional económico se suma a defensa de Solvtrans en TDLC
Chile: La compañía naviera presentó recientemente un documento ante el TDLC que contó con la participación de los abogados Felipe Irarrázabal y María Soledad Krause, donde reafirman que existió colusión en contra de Solvtrans Chile por parte de Armasur.
A mediados de junio del 2019, Solvtrans Chile interpuso una demanda ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por coordinación ilícita a Armasur y a otras seis compañías del sector de wellboats acuícolas.
La causa avanza, y en diciembre de 2019, el ente judicial comenzó un período de prueba para demostrar si existió colusión. Ambas partes, además de las empresas Naviera Orca, La Península, CPT Empresas Marítimas, Detroit Chile, Río Dulce y Transportes Patagonia Travelling Service, han estado presentando documentos y listas de testigos para fortalecer su defensa.
El 10 de febrero, el TDLC publicó un documento informando sobre las citaciones a audiencia a una serie de testigos representantes de ambas partes. Los encuentros se realizarán entre el 27 de marzo al 6 de mayo de 2020.
Informe en derecho
Durante la primera semana de febrero, los abogados Julio Pellegrini Vial, Pedro Rencoret Gutiérrez y Diego Ramos Bascuñán, en representación de Solvtrans Chile, presentaron un informe ante el TDLC que consta de treinta puntos orientados a comprobar que se quiso excluir a la empresa naviera del mercado.
Y, de acuerdo con lo informado por Diario Financiero, este último informe en derecho fue elaborado por el exfiscal nacional económico (2010-2018) y abogado especialista en colusión, Felipe Irarrázabal y la abogada y docente María Soledad Krause.
Entre los hechos acreditados para efectos del informe, se presentan cartas enviadas por Armasur al Banco DNB, la embajadora de Noruega en Chile, Sofofa y la CPC y publicaciones en medios escritos y electrónicos -impulsadas por Armasur-, como parte de una campaña de descrédito desplegada en contra de Solvtrans Chile.
En el documento -donde se detalla una serie de otros comportamientos- se concluye que, "con la mencionada conducta los demandados incurrieron en un atentado a la libre competencia que puede ser calificado como constitutivo de la figura infraccional de la letra a) del artículo 3° del Decreto Ley N°211, en tanto actuación coordinada de competidores que ha tenido la aptitud de conferirles poder de mercado y que ha tenido por finalidad excluir a un competidor”.
Descargue el documento presentado ante el TDLC aquí
