Cómo ASC ha implementado su política de auditoría remota por covid-19
Chile: Desde la casa certificadora detallan que esta modalidad estará vigente al menos hasta septiembre próximo, fecha en que evaluarán su continuidad.
Con el cambio global que ha supuesto en términos vitales y laborales el ajustarse a la nueva realidad de convivir con coronavirus, muchas de las actividades que con anterioridad requerían presencia física, han tenido que mutar a operaciones remotas.
Tal es el caso de las auditorías que se realizan para poder certificar a los centros de cultivo. Una de las casas certificadoras que ya ha adoptado esta modalidad es la Aquaculture Stwerdship Council (ASC), quienes rápidamente implementaron una “política de auditoría remota por covid-19”, lo que ha implicado una serie de desafíos de trabajo junto con las empresas.
Desde la ASC entregaron a Salmonexpert mayor información acerca de cómo han ido implementando esta modalidad, tema que se puede revisar en profundidad en la nueva edición de revista Salmonexpert, la cual se encuentra actualmente en circulación.
¿Las auditorías remotas se están implementando para distintos tipos de cultivos en el mundo?
La política de auditoría remota de covid-19 de ASC está vigente en todo el mundo para todas las especies. Sin embargo, las auditorías iniciales o de recertificación (que son más exhaustivas que las auditorías de supervisión anual) solo pueden llevarse a cabo remotamente en países catalogados como de riesgo bajo o medio, según el índice social de países de ASC. Dicho índice se basa en una variedad de fuentes, tanto externas como de las propias auditorías de ASC, y determina la probabilidad de no conformidades en los distintos países.
¿Cuáles han sido los principales desafíos, en términos de tecnología y logística, para llevar a cabo este tipo de auditoría?
Los recorridos de centros remotos requieren de una cobertura de internet lo suficientemente buena en el centro para transmitir el video. Es posible usar una red 3G, pero podría ser necesaria un poco de paciencia por parte de los auditores y el personal del centro frente a ocasionales retardos o intentos de reconexión. Sin embargo, hemos observado auditorías remotas y los organismos de evaluación de conformidad (CAB, por su sigla en inglés) pudieron revisar a fondo las condiciones de salud y seguridad del centro, tales como el suministro de los equipos de protección personal y sus adecuadas condiciones de almacenamiento.
¿Cómo ha sido evaluado hasta ahora este tipo de auditoría?
Hemos recibido comentarios muy positivos sobre las auditorías remotas hasta ahora, tanto de las empresas como de los auditores. Por supuesto que la auditoría remota no sustituirá permanentemente a las visitas a centros, y no es adecuada para todos los aspectos de la auditoría, pero es muy eficiente para el análisis de documentos y registros.
Además, es una forma efectiva de entrevistar al personal gerencial y técnico en oficinas con una cobertura de internet normalmente buena. A veces se presentan dificultades para realizar los recorridos de los centros y las entrevistas con los trabajadores de forma remota, y estamos buscando soluciones para ésto.
¿Existen planes para continuar con las auditorías remotas una vez finalizada la emergencia sanitaria?
Antes de esta pandemia, ASC ya había comenzado a trabajar en el desarrollo de los requerimientos para auditorías remotas como herramienta para mejorar la eficiencia del aseguramiento de programas sin reducir la rigurosidad del programa. Para esta tarea contamos con la ayuda de un grupo de trabajo técnico, conformado por expertos de distintos campos con experiencia en auditorías ambientales y sociales. Por supuesto que la situación actual ha acelerado este proceso y adelantado la planificación de la publicación de estos requerimientos. Tenemos planeada la consulta pública de estos requerimientos para más adelante este año.
Mientras tanto, la Política de auditoría remota de COVID-19 provisoria estará vigente al menos hasta fines de septiembre del 2020. ASC evaluará la política cerca de esa fecha y determinará cuál será la solución transitoria hasta que entren en vigor los nuevos requerimientos después del período de consulta pública.