Hoy se define gran parte del desarrollo que podrá tener la salmonicultura chilena
Organizaciones gremiales advierten que se podrían perder 5.000 empleos en la industria si es que se entregan las 621.000 hectáreas de ECMPO. Hoy se movilizarán otra vez contra su aprobación.
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Un llamado a la cordura y a no cercenar y asfixiar actividades como la salmonicultura en la Región de Aysén realizaron asociaciones y parlamentarios en miras de la votación que llevará a cabo hoy la Comisión de Uso de Borde Costero sobre una solicitud de espacios costeros de dos comunidades de pueblos originarios por más de 621 mil hectáreas en el marco de la Ley Lafkenche.
Hernán Rebolledo, presidente de CorpAysén, hizo un llamado para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir: “existe falta de información tremenda entre la ciudadanía, las comunidades, y también no se conocen los roles de la Comisión, donde los miembros tienen cargos públicos que terminan siendo partidistas de la administración en curso, y no se toma el peso de su responsabilidad al votar”.
Para el dirigente, la de este jueves es una votación que podría dirigir cuál es la política de desarrollo productivo de la Región de Aysén mirando el largo plazo, afectando sectores como el salmón, ya que se están solicitando “espacios marítimos muy extensos, sin gobernanza clara, con una ley que genera vacíos, conflictos entre los usuarios del borde costero”.
De este modo, Rebolledo pidió que los integrantes de este organismo voten de manera ecuánime y racional para la convivencia de las actividades productivas como la salmonicultura “en un territorio magnífico como es la Región de Aysén”.
Los gremios salmonicultores han dicho si se entregan estas ECMPOs, se podrían perder alrededor de 300 concesiones acuícolas, el 45% de las existentes en la Región de Aysén y el 25% de la capacidad productiva nacional en salmonicultura, arriesgándose más de 5.000 empleos directos.
Reforzando lo anterior, el presidente de la CPC, Ricardo Mewes, en carta a las ministras del Interior, Medio Ambiente y los secretarios de Estado de Economía y Hacienda, señaló que “la Ley Lafkenche se ha convertido en un desequilibrio de intereses y posiciones, aunque su espíritu original es reconocer y respetar los derechos de los pueblos originarios. Lo que podría suceder es que grupos de pocas personas accederían a derechos sobre porciones sustanciales del territorio marítimo (suman más de mil veces el tamaño de un ECMPO habitual), afectando otros intereses legítimos".
Mewes alertó que "preocupa la gran conflictividad social que se sigue apreciando, generándose un ambiente negativo, que está sentando malos precedentes para la región y para todo el país. Cuando se está por definir algo tan relevante para el desarrollo y convivencia en Aysén, resulta fundamental llevar adelante un proceso de diálogo profundo con todos los actores que cohabitan el borde costero, y cumplir el mandato de CRUBC de trabajar en un ordenamiento territorial participativo".
Mientras que el gerente general de Blumar, Gerardo Balbontín, dio a conocer que “vemos con preocupación e incertidumbre esta decisión, ya que podría afectar hasta un 70% de nuestras concesiones en la Región de Aysén, donde trabajamos con 250 personas, fortaleciendo el desarrollo local de pymes y vinculados a las comunidades, con quienes impulsamos activamente proyectos de sostenibilidad. Estamos convencidos de que la salmonicultura puede convivir con todos los usos del borde costero y marítimo, que es de todos los chilenos, especialmente de los ayseninos, y no sólo de un grupo de 38 personas”.
También grupo de 30 líderes de asociaciones de trabajadores vinculados al uso productivo del mar de la región de Aysén se dieron cita ayer en punto de prensa organizado por AgrupAysén y Acuiprov donde expresaron angustia y preocupación por la que calificaron como “aberrante votación” que se llevará a cabo hoy. Para Marta Oyarzo, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Salmón, lo que esta solicitud implica es afectar el sector productivo más relevante de la región de Aysén, paralizando actividades futuras. “Hay conflicto social influenciado por las ONG medioambientalistas que se han metido fuertemente bajo el amparo de todos los Gobiernos”.
En la ocasión, Katia Inostroza, presidenta de Acuiprov, declaró: "Lo que está en juego aquí no es sólo el futuro de la industria salmonicultora, sino el de todas las actividades económicas y comunidades que dependen de un acceso equitativo y sostenible al mar. Rechazamos rotundamente las solicitudes de ECMPO por ser desproporcionadas y por el proceso viciado que las ha caracterizado. Exigimos a la CRUBC y a la gobernadora regional que actúen con responsabilidad y rechacen estas solicitudes en la votación”.
El diputado Miguel Ángel Calisto, en línea con senadores regionales como David Sandoval, acusó que este proceso es peligroso para el desarrollo “porque el mar es de todos los ayseninos, y no de un grupo de personas a quienes se les entregarían 621.000 hectáreas en concesión” agregando que la industria salmonicultora aporta 25% del PIB de Aysén “siendo un motor económico que no podemos soltar con estas acciones desproporcionadas”.
