¿Es buena idea que el Ministerio de Bienes Nacionales administre las concesiones marítimas?

Desde el Gobierno quieren disminuir la tramitación de estas operaciones a máximo año y medio. La industria del salmón afirma que el problema es más grave.

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El Gobierno anunció indicaciones al proyecto de ley de Administración de Borde Costero y Concesiones Marítimas, entre otras, que la administración de estos trámites esté a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales, siendo traspasada desde el Ministerio de Defensa, esto es, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas.

Respecto a la indicación sobre la administración del borde costero y concesiones marítimas, la ministra de Bienes Nacionales Marcela Sandoval manifestó que dice relación “con cómo optimizar los tiempos de la tramitación de estos permisos que son indispensables para el crecimiento económico del país y que actualmente demoran en promedio 4 años”.

“El Ministerio de Bienes Nacionales tiene a cargo la administración de los bienes nacionales de uso público y la asignación de las concesiones onerosas para proyectos productivos de gran magnitud, como hidrógeno verde, litio, minería. Por lo tanto, el diagnóstico que hay es que un ministerio que tiene más competencias en lo territorial es al que le compete estar a cargo de las concesiones marítimas. La tramitación de concesiones similares le toma al Ministerio de Bienes Nacionales un tiempo promedio de entre un año y un año y medio”, dijo Sandoval.

Frente a esto, Marcelo Campos, director de Acuasesorías, apuntó a Salmonexpert que hoy se necesita una reingeniería sectorial. “Lo que realmente se requiere es un Ministerio de Acuicultura, Pesca y Ordenamiento del Maritorio. Todos sabemos que la actual gobernanza no es buena, pero la solución no está en traspasar el tema del Ministerio de Defensa Nacional al Ministerio de Bienes Nacionales”.

“Eso es tratar de curar el cáncer con un parche curita; se necesita una cirugía mayor. La modificación de la LGPA y la promulgación de una nueva Ley General de Acuicultura debe considerar un cambio total, que involucre aspectos de modernidad, oportunidad, eficiencia, celeridad y transparencia”, recalcó Campos.

Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, argumentó que la eficiencia del sistema no pasa solamente por el cambio de institucionalidad. Asumir que ese es el problema de la demora en el otorgamiento de concesiones podría ser un error.

“Desde mi perspectiva, la solución debería reconocer que hay un problema presupuestario que no permite contratar a los profesionales que realizan el procedimiento, así como tampoco hay recursos para digitalizarlo para hacerlo más expedito”, subrayó el directivo.

El segundo aspecto que debe considerarse, según Odebret, es regulatorio. “La paralización de nuevas concesiones marítimas y sus renovaciones pasan por las incoherencias regulatorias y el inexistente ordenamiento del borde costero. Si no se resuelve la competencia normativa entre desarrollo económico, conservación y usos ancestrales las tensiones seguirán existiendo y tendremos el mismo resultado”.

Por último, añadió el representante de los salmonicultores de Magallanes, este no es un problema futuro. “Es una situación que hoy está afectando gravemente el progreso y por lo tanto requiere de resolver los cuellos de botella presente, asignando más recursos y gestión en la actual institucionalidad. Los proyectos no pueden esperar a que el congreso apruebe la reforma y luego está se implemente”.

Desde SalmonChile expresaron que tras el anuncio realizado por el Gobierno sobre el ingreso de indicaciones para modificar la tramitación de las concesiones marítimas -trasladando estas funciones desde el Ministerio de Defensa a Bienes Nacionales-, no hay claridad aún de si se incluyen o no las concesiones acuícolas.

“Dada la urgencia que requiere la salmonicultura para destrabar nudos administrativos que complican la operación de nuestra actividad, se esperaría que se tomaran medidas para resolverlos y se incluyera en este anuncio; sin embargo, el solo hecho de traspasar la responsabilidad de un ministerio a otro, sin incorporar los recursos necesarios, no asegura necesariamente que se agilicen esos trámites”, remarcaron desde SalmonChile.