Terram denuncia a organismos públicos por no caducar concesiones salmonicultoras
Chile: A través de una investigación, la organización detectó que 280 concesiones salmonicultoras dentro de áreas protegidas se mantendrían vigentes, pese a haber incurrido en alguna de las causales de caducidad.
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De acuerdo con un comunicado de prensa, la Fundación Terram informó que ayer en la mañana ingresó un escrito en la Contraloría General de la República (CGR) solicitando a dicho organismo pronunciarse sobre las posibles ilegalidades incurridas por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) por no fiscalizar y caducar concesiones salmonicultoras ubicadas al interior de áreas protegidas.
La denuncia se realizó luego de que la organización publicara una investigación periodística donde identificó que 280 concesiones salmonicultoras ubicadas al interior de 5 áreas protegidas de la Patagonia chilena se mantendrían vigentes pese a haber incurrido en causal de caducidad de acuerdo a lo señalado en el artículo 142 letra e) de la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA), por no iniciar operaciones durante un año desde entregada la concesión o bien por suspender actividades por más de dos años desde la última cosecha realizada.
Según Pablo Rojas, abogado de Fundación Terram, “de acuerdo con el registro de operatividad de Sernapesca, la omisión de las autoridades permitió que 110 centros de cultivo de salmones pudieran operar después de haber incurrido en alguna de las causales de caducidad establecidas en la ley”.
Las concesiones en situación de caducidad se ubican en la Reserva Forestal Las Guaitecas y en los Parques Nacionales Isla Magdalena y Laguna San Rafael, en la Región de Aysén, y en la Reserva Nacional Kawésqar y en el Parque Nacional Alberto De Agostini, en la Región de Magallanes.
Junto al pronunciamiento sobre la posible ilegalidad en que habrían incurrido la SSFFAA, Sernapesca y Subpesca, la ONG solicitó que se inicie una auditoría para fiscalizar el cumplimiento de la normativa sobre caducidades de concesiones salmonicultoras, e iniciar procedimientos disciplinarios en el caso de detectar irregularidades en dichos organismos.
