Solicitan al gobierno Mesa de Trabajo Nacional y Regional para abordar Ley Lafkenche

Tras una jornada de análisis y trabajo conjunto, diversas industrias, sectores productivos y trabajadores de la zona sur austral del país acordaron la necesidad de crear una Mesa de Trabajo Nacional y Regional que permita abordar el mal funcionamiento que está teniendo, en la práctica, la norma que creó el Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, denominada Ley Lafkenche. Es por esto que solicitaron al ministro del Interior, Mario Fernández, y al intendente de la Región de Los Lagos, Leonardo de La Prida, que conformen las respectivas mesas de diálogo.

"Si bien todos estos actores sociales que asistieron al encuentro valoran la existencia de la norma que regula estos espacios y protege los derechos consuetudinarios invocados, en la reunión de coordinación se concluyó que el gobierno debe preocuparse de coordinar a los servicios públicos, agilizar los procesos y conciliar los diversos intereses, pues una mala aplicación de esta podría tener consecuencias nefastas para diversas actividades y sectores productivos, además de miles de empleos en la zona sur austral, principalmente desde la Región del Biobío hasta la de Magallanes", detallaron desde Salmonchile.

En la jornada de trabajo participaron pescadores artesanales a través de Corepa y AG Demersal, Salmonchile, Marine Harvest, Amichile, Asociación de Mitilicultores de Calbuco, Armasur, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón y ramas afines y Fundación Chinquihue, quienes manifestaron su preocupación ante la mala aplicación de esta norma y alertaron sobre los riesgos para el desarrollo de la zona sur austral del país.

Inquietud

Los principales aspectos que generan inquietud son los excesivos tiempos de tramitación de las solicitudes y el efecto suspensivo de la norma, que paraliza diversos trámites fundamentales para el desarrollo de actividades en el borde costero, generando incertidumbre jurídica y vulnerabilidad económica y social.

La amplitud de la norma y su reglamento, por otra parte, han propiciado la solicitud de espacios costeros de gran magnitud, entorpeciendo el desarrollo armónico de los sectores productivos y la comunidad.

En último lugar, preocupa el desconocimiento a nivel local y nacional de la norma, lo que podría generar falsas expectativas, así como un mal entendimiento y aplicación de la ley, y que, a su vez, ya está generando conflictividad en el borde costero.

Actores

El presidente de Amichile, Rodrigo Rosales, indicó que “sobre la base del respeto de los derechos ancestrales de los pueblos originarios, legítimamente acreditados, es que junto a los actores con los que compartimos el borde costero de la Décima Región de nuestro país, le pedimos al gobierno la creación de una Mesa de Trabajo Nacional que permita analizar la realidad actual del uso de estos espacios y, tal como establece la Política Nacional de Uso del Borde Costero, precaver también sus usos futuros que permitan una adecuada implementación de la Ley Lafkenche, y a su vez el desarrollo de la industria acuícola en general y la mitilicultura en particular”.

Asimismo, el presidente de AG Demersal, Juan García, afirmó que “consideramos que es una ley que hace justo reconocimiento a los pueblos originarios, pero existe un temor transversal de que se está haciendo mal uso de esta. En honor a eso, hemos entablado una mesa de diálogo con diferentes sectores productivos de la región y así transparentar nuestras inquietudes. Se trata de generar acuerdos comunes y sacar conclusiones positivas para todos”.

“Lo que queremos decirle a la autoridad, y jamás en desmedro de la ley y de los derechos de los pueblos originarios, es que el reglamento debe ser más claro y eficiente, por ejemplo, en disminuir procesos que toman seis o siete años en resolverse. Necesitamos reglas claras y precisas, y es por esto por lo que trabajamos con todos los actores del borde costero”, puntualizó el presidente de Corepa, Jorge Bustos.

El vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón, Alejandro Santibáñez, dijo que “hemos participado como Coordinadora y en bloque abarcando desde el Biobío hasta Aysén, para alcanzar un desarrollo armónico entre quienes convivimos y desarrollamos nuestras actividades en la costa. Es importante entender que esta ley hace un justo reconocimiento a los pueblos originarios y a su necesidad de ser incorporados en la cotidianeidad del país, pero hemos visto que varias medidas dentro de la ley pueden no solo afectar la productividad, sino que también la seguridad de las personas”.

En tanto, el presidente de SalmonChile, Felipe Sandoval, comentó que “es un gran paso el que artesanales, salmoneros, mitilicultores y todos los actores del borde costero nos hayamos sentado a conversar y acordado una postura común. Estamos frente a un problema complejo y la forma de solucionarlo es vía un diálogo abierto e inclusivo con autoridades, comunidades locales, pueblos originarios y actores económicos”.

Las mesas de trabajo tienen como fin armonizar el desarrollo de los diferentes sectores y los derechos de los pueblos originarios, además de generar condiciones que brinden certezas, estabilidad laboral y tranquilidad a todos los usuarios y habitantes que conviven en el borde costero de la zona sur austral del país.