Diputados proponen modificar plazos de pago de facturas

Las diputadas Marcela Hernando (PRSD); Jenny Alvarez (PS), Cristina Girardi (PPD), y los diputados Cristián Campos (PPD); Marcos Espinosa (PRSD), Daniel Farcas (PPD); Iván Flores(DC); Alberto Robles (PRSD); Marcelo Schilling (PS) y Joaquín Tuma (PPD), presnetaron un proyecto de ley para modificar la ley 19.983, en materia de plazos para el pago del saldo insoluto de las facturas.

La propuesta legislativa establece que la obligación de pago del saldo insoluto contenida en la factura deberá ser cumplida en cualquiera de los siguientes momentos: a la recepción de la factura; a un plazo desde la recepción de la mercadería o prestación del servicio, pudiendo establecerse vencimientos parciales y sucesivos, teniendo como máximo dos vencimientos sucesivos, con un máximo de treinta días desde la prestación del servicio o recepción de la mercadería; y a un día fijo y determinado, el cual no podrá exceder los sesenta días siguientes a la recepción de la factura.

En ausencia de mención expresa en la factura y su copia, se entenderá que debe ser pagada dentro de los treinta días siguientes a la recepción.

Los legisladores adviertieron que la vida empresarial de las pequeñas y medianas empresas se ve afectada constantemente por las grandes industrias y holdings en relación a los pagos de las prestaciones y servicios interrelacionados entre sí. Agregaron que las constantes faltas de financiamiento de las pequeñas y medianas empresas, llevaron hace unos años a crear un sistema que les permitiera a estas subsistir en el mercado y seguir compitiendo en la libre transacción de bienes y servicios -Factoring-.

De esta manera, el factoring ha contribuido a resolver una situación de liquidez enfrentada por las empresas recurriendo a entidades financieras, para tener a su disposición el dinero de los créditos a través de la cesión de sus créditos, lo que le permite enfrentar sus obligaciones inmediatas y, además, contar con un servicio de asesoría contable y comercial para el tratamiento de su cartera crediticia a cargo de la entidad que brinda el dinero.

Sin embargo, si se considera que un factoring se queda con el 4% de un crédito cedible y la micro, pequeña y mediana empresa rinde mensualmente a un 5% de utilidad, se establece un ciclo económico que tiende a desacelerar el crecimiento de estas entidades hasta llevarlas a la quiebra.

A julio del año 2013, 77 empresas han debido enfrentar el complejo proceso de ser declaradas en quiebra, según informó la Superintendencia de Quiebras, sobre la base de las publicaciones en el Diario Oficial.

La cifra representa un incremento de 6,9% respecto del mismo período del año 2012, cuando 72 compañías atravesaron por dicha situación, aunque los indicadores se han mantenido estables desde 2011, año en que a julio, 75 compañías aparecían como quebradas.

En total, el cese de funciones de las 77 empresas, afectó a 2.385 trabajadores, resultados que muestran un alza de 7,9% respecto del período enero-julio de 2012. Se trata de la tercera cifra más alta para el período considerando desde 2005 a 2013. El mayor número de trabajadores afectados se registró en el período enero-julio de 2011, con 2.876 trabajadores.

El texto fue presentado el pasado 19 de enero, y remitido a la Comisión de Economía para su estudio.