“Actual norma del Gobierno genera más riesgos ambientales y sanitarios”

Las causas que provocan la concentración de la biomasa en Chile son principalmente dos. Primero, las concesiones fueron pedidas y otorgadas bajo un criterio de eficiencia de operaciones, es decir, lo más cerca posible e idealmente reunidas en un mismo territorio. El segundo factor está asociado con las combinaciones entre períodos de producción y descansos los centros de cultivo.

En entrevista con Salmonexpert, el ex gerente general de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile (Salmonchile) y actual socio–consultor de Conecta, Carlos Odebret, afirmó que modificaciones como la del RESA intentan solucionar desde lo productivo un problema que es más bien territorial, diciéndole al titular de la concesión “mire, ya que está donde está, va a tener que cosechar menos si el riesgo sanitario es más alto”.

Pero aquello responde a la lógica de menor producción, menor riesgo sanitario.

Sí, estoy de acuerdo en cuanto busca proteger el patrimonio sanitario, pero es una solución súper poco eficiente porque sus costos son muy altos, todo lo que se podía ganar vía reducción de mortalidad, las empresas lo pierden debido a planes productivos ineficientes y en una situación de precios baja, todo el sector se vuelve a ajustar, y con ellos una buena parte del sur. En definitiva, responde a lo urgente, sin embargo, no soluciona lo importante: el modelo territorial.

¿Cómo se puede solucionar lo anterior? ¿Con qué tipo de reordenamiento?

Un activo clave para cualquier solución que se proponga es el valor social percibido por el territorio: a mayor piso social, mayor posibilidad de solución territorial.

Dicho esto, un ajuste territorial de la industria es necesario no solamente para sí misma, sino también para el recurso ambiental y sanitario, por ejemplo, la actividad ha operado en los mismos lugares hace más de 30 años y eso alguna consecuencia debe tener, los resultados de las INFAS dan algunas luces.

No creo que haya una única solución de corto plazo, parece que se debe resolver el caso a caso en el marco institucional vigente, sin embargo, este no puede ser un problema para siempre. En el largo plazo, se debería avanzar en desarrollar la actividad en zonas más expuestas vía licitación de concesiones –previa zonificación del borde costero como en Magallanes– cuya prioridad esté en buscar la renuncia a otras operaciones que hayan trabajado, pero estén mal ubicadas o con conflictos de uso. Se necesita ley para esto y todos deben estar dispuestos a dialogar y ceder.

Siguiendo con el tema territorial, ¿qué le parece que después de un fallo de Contraloría, Sernapesca vaya a sancionar a los centros que operan fuera del área concesionada? Las empresas afirman que cuando se entregaron, se hizo sin mediciones oceanográficas, en malos sitios y por eso han debido moverse...

Tienen razón, las pidieron y se las otorgaron en un área mala y hoy es peor, además con cartografías antiguas y en otros casos, son concesiones muy pequeñas para que contengan todas las instalaciones. Lo cierto es que las empresas deberán ajustarse a la normativa, pero eso no impide que ésta sea discutida pensando en el largo plazo.

Veamos, si lo que se quiere proteger es el medio ambiente y lo sanitario, sin afectar las condiciones de empleo y que sea económicamente rentable uno debe preguntarse: ¿Queremos que operen más centros o menos centros? Pues hay 1.300 concesiones otorgadas.

La aplicación de la norma tal cual está invita a las empresas a que abran más centros de cultivo con menos producción cada uno para cubrir una demanda de salmón que es creciente. ¿Cuál es la consecuencia? Más riesgo sanitario y ambiental porque aumenta la tasa de contacto, la operación es más cara y las empresas reducen costos afectando a otras áreas de las empresas, por ejemplo, se recortan los presupuestos de innovación, desarrollo de capital humano, medioambiente, comunidades, etc. Es decir, totalmente contrario al objetivo.

En cambio, si se discute un nuevo modelo territorial con menos concesiones y más alejadas entre sí, con una mirada más integradora de las actividades que ocupan el borde costero y una operación distanciadas de la orilla donde hay otros intereses económicos, ambientales o sociales, parece que todos ganan. El problema, es que ya estamos encima del problema… y volvemos al círculo.

¿Qué le parece que no se hayan relocalizado concesiones en tantos años? ¿Debería hacerse un informe de la autoridad para definir lo de caladeros? 

Sería lo ideal, pero más interesante sería conocer cómo quedaría el mapa general, no hay que olvidar que en algunos casos las concesiones en relocalización se acercaron más de lo que hoy están.

El problema de las relocalizaciones es que se han hecho bajo las mismas reglas del juego territorial de hace 35 años, pero con un uso del borde costero mucho más intenso y con muchísimo menos espacio, entonces -cuando el dibujo esté completo- si éstas se efectuaron en menos espacio, ¿habremos bajado el riesgo sanitario y ambiental?

Si la autoridad saca el informe de caladeros, se resolverá lo procedimental, pero las empresas enfrentarán otros obstáculos como el Espacio Marino Protegido Comunidades Originarias, participación ciudadana de las Declaraciones de Impacto Ambiental, usos preferentes del turismo, etc. Chile tiene un tremendo problema de planificación territorial y el mar no está exento.

Creo que es hora que aceptemos que las relocalizaciones serán un instrumento permanente que solucionarán problemas específicos y no todo el modelo.