Centros de salmones activos en Magallanes caen a mínimos desde el 2017
Chile: Según el último boletín del INE, en julio había en Magallanes 36 centros de engorda de salmones operativos, siete menos que los que existían en el mismo mes del año anterior.
Distintos indicadores están dando cuenta de un retroceso de la salmonicultora en la Región de Magallanes, entre ellos la pérdida de más de mil puestos de trabajo en el último año y una caída de la cosecha de peces que ronda el 30 por ciento, según las cifras que dio a conocer la Asociación de Salmonicultores.
El Presidente de la organización que reúne a las empresas productoras, Carlos Odebret, señala derechamente que estamos ante una actividad que se está viendo estancada. Dice que las causas son varias, pero apunta especialmente a la “permisología”, largos tiempos de tramitación y judicialización que impiden retomar el crecimiento mediante nuevas concesiones o ampliaciones de las ya existentes.
“Si uno mira los centros de cultivo activos, a partir de los datos del INE, se ve que en cuanto a la cifra de centros en operación estamos dentro de las más bajas en los últimos 5 años”, comenta el directivo.
Acudimos a la fuente que cita para contrastar esos datos y evidenciamos cómo, efectivamente, los centro en operaciones a julio de 2023 (última estadística disponible) eran sólo 36 en toda la Región de Magallanes, la menor cantidad registrada.
En la página en internet del organismo público se pueden consultar los boletines de pesca y acuicultura desde el 2017 en adelante. Comparando el escenario en julio de cada año se puede apreciar cómo hasta el 2019 hubo un aumento importante en la cantidad de centro operativos, que se transformó luego en una tendencia a la baja.
Según Odebret, la “permisología” es una de las grandes trabas para el desarrollo no sólo de la industria del salmón, también de la minería y de otros sectores productivos.
“Procesos de una concesión de acuicultura pueden tardar de 10 a 12 años, lo que es una cuestión bastante extraña dentro de una institucionalidad, porque da cuenta de una institucionalidad que no funciona”, reflexiona el dirigente.
Cuestiona además la señal política que se da a la industria: “lo que uno ve en el Gobierno es más bien un ánimo de que esta industria decrezca, que no avance. Nuestra preocupación es cómo se aceleran y facilitan los procesos de otorgamiento de concesiones, de evaluación de relocalizaciones y proyectos de ampliación, obviamente cumpliendo el marco regulatorio y los límites que fija la propia regulación”.
Sostiene que hay 87 solicitudes en trámite, que representan unas mil hectáreas, y de las cuales se podría esperar que tengan éxito entre 30 y 40% aunque, afirma, “claramente no hay ánimo para avanzar en ese camino”.