Rechazan sobreseer a ex director de Directemar por vertimiento de salmones muertos
Chile: Se está acusando a Osvaldo Schwarzenberg por eventual delito de prevaricación administrativa respecto de su responsabilidad en la autorización para el vertimiento de salmones muertos en Chiloé.
El Juzgado de Garantía de Valparaíso desestimó ayer el sobreseimiento de la causa que implica al ex director de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar), Osvaldo Schwarzenberg, por el eventual delito de prevaricación administrativa respecto de su responsabilidad en la autorización para el vertimiento de salmones muertos frente a las costas de Chiloé en 2016.
Según EMOL, el sobreseimiento definitivo de la causa fue solicitado por el Ministerio Público, entidad que argumentaba que en 2017, el Tribunal Ambiental de Valdivia rechazó la demanda de reparación por daño ambiental interpuesta por la Municipalidad de Ancud en contra de Directemar y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca).
No obstante, pese a la resolución anterior, los querellantes decidieron continuar con la causa en contra del vicealmirante de la Armada (r) Osvaldo Schwarzenberg por el delito de prevaricación administrativa, pues la decisión de verter 9 mil toneladas de desechos de peces, recayó en sus manos al mantener, en ese entonces, el cargo de ex director de Directemar.
Acorde con el Poder Judicial, el delito de prevaricación administrativa consiste en que una autoridad o funcionario público "dicte a sabiendas una resolución injusta". De acuerdo con el ente persecutor, "los querellantes pidieron que no se diera a lugar esta solicitud de sobreseimiento definitivo, porque estimaron que los antecedentes deben ser conocidos por un juez de fondo en un juicio oral".
De acuerdo con los antecedentes del caso, en 2016 la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G, solicitó a la autoridad marítima permiso para verter 9 mil toneladas de desechos de peces, en la jurisdicción marítima de Puerto Montt.
En esta misma línea, el 4 de marzo de 2016, Directemar, con un informe previo de Sernapesca, autorizó a cuatro empresas el vertimiento de un total que no superase las 9 mil toneladas de desechos de salmones, conforme al artículo 8 N °2 del Protocolo de Londres.
A raíz de esto, en marzo de 2016, la Municipalidad de Ancud demandó la reparación del daño ambiental que habrían ocasionado Directemar y Sernapesca al haber autorizado el vertimiento de las toneladas de salmones muertos. En aquel entonces, el municipio argumentó que producto del actuar de dichos servicios públicos, "ocurrieron varamientos de machas, locos, piures y otros recursos bentónicos; así como muerte de aves y presencia de un material verde viscoso".
