Caso de fijación de precios por parte de salmonicultoras vuelve a la corte
Estados Unidos: Mowi, Grieg, Lerøy, SalMar y Cermaq son las demandadas en el caso, donde compradores las acusan de fijar el precio del salmón Atlántico vendido en Estados Unidos.
El último capítulo del caso de fijación de precios, que comenzó con una redada en las oficinas escocesas de las productoras de salmón noruegos hace más de dos años, se decidió la semana pasada en un tribunal de EE.UU.
Tanto Mowi, Lerøy, como Scottish Sea Farms (en parte propiedad de Lerøy y SalMar) recibieron "inspecciones sin previo aviso" de la Comisión de la Unión Europea (UE) relacionadas con acusaciones de posible colusión en materia de precios, informa el sitio asociado a Salmonexpert, Kyst.no.
Las oficinas británicas fueron elegidas como una "puerta trasera" para las empresas, ya que la Comisión de la UE no tenía el poder para realizar inspecciones en Noruega, que no está en la dicha organización europea.
La investigación de la Comisión Europea dio lugar tanto a una investigación criminal por parte del Departamento de Justicia de EE.UU, como a una demanda colectiva por parte de compradores de salmón en dicho país.
Con la última audiencia realizada el pasado jueves, Mowi, Grieg, Lerøy, SalMar y Cermaq son los demandados en el caso, junto con las empresas de marketing Ocean Quality North America Inc y Sjór AS.
Los compradores acusan a las salmonicultoras y sus afiliados de fijar el precio del salmón Atlántico vendido en Estados Unidos. Afirman que el esquema ha estado en marcha desde 2013.
Los compradores de salmón estadounidenses, por otro lado, han rechazado una solicitud de la Comisión Europea para participar en la audiencia porque la Comisión Europea no emitirá registros relacionados con su propia investigación en curso sobre el presunto cartel de precios.
En tanto, la Comisión Europea declaró a la jueza Lauren Fleischer Louis, que el material de investigación es demasiado sensible para ser revelado en este caso. Hacerlo socavaría la capacidad soberana de la UE para investigar y detectar actividades de cárteles ilegales. Todas las empresas acusadas niegan haber hecho algo malo.
