“Nos preocupa la mala utilización de la Ley Lafquenche para obstaculizar sectores productivos”

Los efectos generados por la Ley Lafquenche, que dio paso en 2008 a la creación de los Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO), mantiene preocupados a los empresarios y gremios de la zona sur del país, que se desarrollan sectores productivos en el borde costero.

Desde el 2009 hasta agosto de 2017, se han realizado 68 solicitudes de ECMPO, la cuales son superficies marinas delimitadas, cuya administración es entregada a comunidades indígenas o asociaciones de ellas, y que cuando son requeridas suspenden indefinidamente la tramitación de otras concesiones. Ejemplo de ello, es la reciente solicitud ECMPO realizada por el lonco Eric Vargas, que finalmente fue denegada por inadmisible por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

Sin embargo, los pormenores de los efectos de esta Ley en los sectores acuícolas preponderantes en la zona sur austral, como la salmonicultura o la mitilicultura, no han dejado de analizarse. En el caso particular de la salmonicultura, la normativa la afecta en dos aspectos esenciales: relocalizaciones de concesiones de acuicultura y en los instrumentos de apoyo a esta actividad, ya que todo ello, como los centros de acopio o las descargas de desechos, requiere de una concesión marítima.

Salmonexpert conversó con Tomás Monge, gerente general (i) de SalmonChile en relación con esta temática, como la está abordando el gremio y la necesidad de coordinación de diversos sectores públicos en pro de sostener el espíritu de la Ley.

-¿Es solo la Ley Lafquenche la que debería ser reformulada en cuanto a sus plazos y rango de acción o debería fortalecerse más la institucionalidad acuícola en el borde costero?

En primer lugar, aclarar que como sector productivo no somos contrarios a la norma, y valoramos el espíritu original de la Ley. En la práctica hay solicitudes que se ajustan a este espíritu, y comunidades dispuestas a armonizar diversos usos, entendiendo los diversos intereses existentes en el borde costero. Hemos tenido buenas experiencias en algunas mesas de trabajo y en la vinculación con representantes del mundo indígena, entendiendo que existen diferencias históricas pero que es fundamental avanzar en una agenda de trabajo futuro.

Lo que nos preocupa es la mala utilización para obstaculizar sectores productivos, y los abusos que se están dando por su errada aplicación práctica, donde claramente el estado y sus servicios públicos intervinientes han sido sobrepasados en sus capacidades para abordar estos procesos. Sin duda ha faltado coordinación entre servicios públicos y es por eso, que hace meses estamos solicitando la conformación de una mesa técnica entre servicios públicos e intervinientes, incluyendo a los legítimos representantes de los pueblos originarios, con el fin de generar mejoras en los procesos. Es un tema urgente que no solo está acotado a la Región de Los Lagos, sino que afecta a 6 regiones del país.

Creemos que hay un amplio margen para que tanto Subpesca, SSFFAA, Conadi, Desarrollo Social, y las CRUBC, revisen sus procedimientos y apliquen de manera correcta la Política Nacional de Uso del Borde Costero, sin perder de vista los intereses estratégicos del país como grandes obras públicas, puertos, instalaciones de defensa, monumentos históricos etc.

Los efectos contenidos en la Ley Lafquenche, sin duda, son una gran dificultad y desafío, no solo para el sector acuícola, sino para todo interesado en desarrollar actividades en el borde costero. Independiente de lo acotada o legítima de una solicitud ECMPO, el solo hecho que los procesos se extiendan por más de 7 años, genera incertidumbre laboral, jurídica y económica, lo que perjudica tanto a las comunidades solicitantes como terceros interesados en el borde costero. Hay consenso con diversos representantes del mundo indígena que urge una mayor coordinación entre servicios públicos y la necesidad de acotar los plazos de tramitación por que se le hace un daño enorme a las regiones y a diversos interesados en desarrollar actividades en el borde costero.

-¿Son demasiadas las garantías que ofrece la Ley Lafquenche mientras se tramita un ECMPO en perjuicio de otras actividades como la pesca y acuicultura?

La norma tiene un efecto suspensivo, que paraliza todo lo que está en solicitud o en proceso de renovación. Por otra parte tiene preferencia ante otras solicitudes, independiente de los tiempos de tramitación de estas, y de las inversiones realizadas para poder obtenerlas.

Otro punto complejo es la falta de criterios para establecer la magnitud de las solicitudes. En la práctica ya hay solicitudes individuales por 700 mil, 320 mil, y 200 mil hectáreas, por poner ejemplos. Al ser extensiones tan grandes, y sumado al efecto suspensivo, perjudica a una gran cantidad de sectores productivos y terceros interesados. Esta afectación de derechos e intereses de terceros, el desconocimiento de la norma a nivel general ha generado conflictividad porque implica un cambio radical en la forma de administrar espacios costeros.

Esos efectos sin duda complican los intereses de terceros. Por ejemplo, en Valdivia hay obras de caletas de pescadores artesanales paralizadas por ECMPOs por más de $5 mil millones, siendo que podrían ser absolutamente complementarias y prestando un beneficio social a un gran número de personas ligadas a la pesca y a las propias comunidades. En nuestro rubro tenemos casos de solicitudes de acuicultura y Concesiones Marítimas, con más de 8 años de tramitación, que han quedado suspendidas por el ingreso de ECMPOS.

Usos compatibles

-¿Puede haber compatibilidad entre el uso consuetudinario de un determinado sector, por ejemplo, un caladero de pesca histórico y un EMPCO si finalmente el destino es el mismo (pesca artesanal)? Si es así, ¿cree que se perjudicaría otras actividades como la acuicultura?

Hay diversos usos que son perfectamente compatibles entre las diversas actividades que se desarrollan en el borde costero. Los usos que pueden invocar los pueblos originarios van desde rutas de navegación, extractivos, pesca, ceremoniales, medicinales, entre otros.

En este punto, la forma como está redactada la norma genera dificultades para su interpretación, y esto sumado a la “espiritualidad” o forma de ver el mundo de los indígenas, hace aún más complejo llegar a un consenso.

Es cuestionable además como CONADI, es vez de acreditar espacios puntuales, donde se acreditan los usos consuetudinarios, acredita la unión de esos puntos formando un gran polígono. En la práctica ya existen solicitudes que abarcan espacios en diferentes comunas, lo que implica poner de acuerdo con comunidades solicitantes que nunca se han vinculado previamente, con mitilicultores, pescadores artesanales y empresas salmonicultoras, lo que en la práctica ya está generando divisiones entre usuarios del borde costero.

-¿Por qué cree Ud. que no se consideró la Ley Lafquenche vigente desde 2008 en los cuerpos legales que establecieron concesiones acuícolas posteriores a esa fecha o la organización de barrios salmoneros?

En principio y de acuerdo con el espíritu de la norma, se pensaba que se otorgarían los espacios correspondientes y acotados a los usos consuetudinarios, y las primeras solicitudes fueron razonables en cuanto a los espacios solicitados.

Con el correr de los años, la magnitud de las nuevas solicitudes y afectación de los espacios aumentaron de manera radical.

Por otra parte, se esperaba que se cumplieran los plazos establecido en la Ley y reglamento, cosa que en la práctica no está ocurriendo por que el sistema está sobrepasado, generando diversas dificultades.

-¿Qué acciones llevará adelante SalmonChile para defender la posición de los productores que se podrían ver afectados por eventuales solicitudes de EMPCO?

Es claro que la Ley Lafquenche y su reglamento, al ser redactadas de una manera amplia, se ha prestado para abusos de la norma y una errada interpretación por diversos intervinientes en los procesos. Es por eso que ya se están viendo los problemas y conflictos entre comunidades indígenas, entre comunidades y pesca artesanal, y entre comunidades y sectores productivos.

Como gremio hemos conversado con representantes de comunidades indígenas y hemos expresado nuestro interés de mejorar la norma en diversos aspectos, para una aplicación armónica de la ley.

Aspectos como el desconocimiento de la norma a nivel local y nacional, la falta de transparencia y acceso a la información en los procesos, los excesivos tiempos de tramitación, la afectación en la tramitación de concesiones marítimas o acuícolas con los efectos que podría generar a sectores productivos, son urgentes de revisarse para brindar certeza jurídica, económica y laboral, a las regiones de la macro zona sur que en la práctica son las mayores afectadas por la implementación de esta ley.

Pese a estar trabajando con éxito en algunos procesos con comunidades solicitantes, urge tomar una serie de medidas inmediatas, para brindar certeza tanto a las comunidades solicitantes y a los diversos sectores productivos que conviven en el borde costero.

Como gremio estamos levantando información para informar a diversos actores como nos afectan los tiempos de tramitación de los procesos, y la paralización de procesos que llevan años de tramitación, y que implican importantes inversiones.

Nuestro rol, además, es participar y defender los intereses de la industria y sus trabajadores en las Comisiones regionales del borde costero.

Como industria, estamos trabajando activamente en una agenda de diálogo para abordar este tema de manera constructiva con el fin de poder tener una convivencia pacífica y armónica con otros actores del borde costero.