Feslach ante la crisis ambiental y productiva

“La visión de la Federación ante la creciente inestabilidad económica regional derivada del reciente fenómeno de marea roja tiene varios ángulos sobre los cuales creemos importante llamar la atención a todos los actores directamente involucrados, como también a quienes afecta de manera colateral.

Desde el punto de vista de la salud humana, lamentablemente en nuestro país están presentes las tres variedades más nocivas de microalgas. Se tienen registros de ellas desde los tiempos del descubrimiento de América y la colonización de Magallanes por navegantes españoles y portugueses. Por acción humana principalmente, con el tiempo se ha trasladado el problema hacia el norte del país.

En Magallanes la preponderancia es la microalga que provoca diarrea; en Aysén en tanto, el daño a la salud lo provoca mayormente el alga con veneno paralizante. Y existe el veneno amnésico que, a la fecha, tiene impacto marginal. El rol que le cabe al Ministerio de Salud en la prevención y cuidado de la vida de las personas es indiscutido y destina recursos importantes al monitoreo y sus decisiones son inapelables. En suma, realiza una labor encomiable, con espacios para perfeccionarla.

Desde el punto de vista de la economía es donde surgen las interrogantes por el rol del Estado. Por décadas se ha investigado sin medidas concretas para aprender a vivir con el problema, sin provocar el creciente daño económico que provocan estas floraciones algales nocivas. Se nos acostumbró a navegar la contingencia cada vez que se produjo y los datos técnicos y científicos siguieron acumulándose. En esa lógica, no tiene mucho sentido seguir tomando datos ni destinar recursos con otros usos alternativos, si la decisión es no hacer nada. Hay que evaluar externamente la estrategia país para abordar esta problemática, medir impacto de las décadas de estudio y las acciones futuras para contener los daños a la economía regional.

Como principio, no hay correlación entre marea roja paralizante en el borde costero y vertimiento autorizado de mortalidad a 70 millas de la costa. Lo que hay es un proceso ambiental muy tóxico, en una zona con muchas personas y empresas dedicadas a la actividad extractiva. Y un fenómeno de calentamiento global que sorprende y que puede seguir haciéndolo. Las recientes varazones de este año de diversas especies tanto en el resto de Chile como en el Hemisferio Norte son otro síntoma.

Las denuncias en contra de los productores arreciaron, por el vertimiento autorizado de salmones. La autoridad debió entregar desde un primer momento los antecedentes físicos y digitales del estricto cumplimiento de los vertidos. No hacerlo solo alimentó la suspicacia. La institucionalidad tiene un rol fundamental en aclarar lo sucedido. A su vez, rechazamos enérgicamente cualquier llamado a destruir la industria que ha traído progreso y desarrollo al sur en particular y al país en general.

La marea roja paralizante es un hecho y hay que aprender a vivir con ella. El calentamiento global también y deberemos internalizarlo en términos de reducir conflictos entre las diversas actividades económicas que se realizan en el mar. Estamos produciendo alimentos; es de suma importancia que el Estado asuma su rol precautorio en la gestión de pesquerías y acuicultura. La variable naturaleza que no manejamos está avisando que se deben revisar los modelos productivos en tierra y mar, por su directo impacto en la reducción de territorios aptos para la producción de alimentos. Habrá que ser cuidadosos en el manejo de los riesgos tanto de las pesquerías como de los cultivos acuícolas intensivos. Hay una componente estratégica país, donde no se puede ni debe comprometer la producción y oferta alimentaria en el largo plazo por miradas de corto plazo. Repensar la gestión sectorial, potenciar la capacidad de análisis y decisión locales, manteniendo las ventajas comparativas para la producción alimentaria competitiva.

Para finalizar, la autoridad incurrió en abandono de deberes como garante del Estado de Derecho. Su responsabilidad es resguardar el orden público y el normal desenvolvimiento de las restantes actividades productivas. Además, hay daño a la imagen país y confianza de inversionistas. Esto debe acabar pronto con las medidas de emergencia necesarias, como cubrir las necesidades básicas de los pescadores afectados y diversificar”.