Presentan nueva querella contra exejecutivos de Nova Austral y la empresa
Chile: Dos comunidades indígenas de Magallanes entablaron la acción penal en el marco de la causa que está radicada en el Tribunal de Garantía de Porvenir y que tiene actualmente a cinco exgerentes formalizados.
Se suman nuevos actores a la causa que se lleva en los tribunales tras el caso de falseamiento de información que llevó a cabo la antigua administración de la empresa Nova Austral en Magallanes.
Dos agrupaciones, la comunidad indígena Atap y la comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar, ingresaron una querella que ya fue acogida por el Tribunal de Garantía de Porvenir que además derivó sus antecedentes a la Fiscalía para que los investiguen.
Cabe señalar que esta querella se suma a una acción similar que presentó el 2020 el Consejo de Defensa del Estado.
La nueva querella se dirige contra los ex ejecutivos de la salmonicultora Arturo Schofield Muga, Drago Covacich Mckay, Nicos Nicolaides Bussienius, Rigoberto Garrido Arriagada e Isaac Aaron Ollivet-Besson Osorio y contra la persona jurídica de Nova Austral, por el delito de contaminación de cuerpos de agua, previsto y sancionado por la Ley General de Pesca y Acuicultura; y además pide investigar la propagación indebida de contaminantes contemplada en el Código Penal, en contra de quienes resulten responsables. En ambos casos se pide aplicar la máxima sanción que pueda determinar la ley.
La querella de las comunidades indígenas no aborda la arista económica de la investigación que permitió a la Fiscalía de Porvenir formalizar en el mes de marzo a los ex ejecutivos por el delito de fraude de subvenciones, acción que habría permitido a la compañía cobrar, entre febrero de 2017 y junio de 2019, más de 50 mil millones de pesos de bonificación de la Ley Navarino de forma indebida.
Esta es una norma legal que subvenciona a las empresas instaladas en Tierra del Fuego siempre que, entre otros requisitos, no dañen con su quehacer el medio ambiente lo que los imputados habrían ocultado con información falsa sobre la mortalidad de peces en sus operaciones y acciones para esconder las reales condiciones del lecho marino en uno de sus centros de cultivo.
Las dos comunidades indígenas querellantes son activas opositoras a la presencia de la industria salmonicultora en áreas protegidas de la región de Magallanes y han tenido varias actuaciones ante los tribunales en este sentido.
