Analizan regulación de la industria salmonicultora y la necesaria relocalización de concesiones

La salmonicultura partió en la Región de Los Lagos, en sus ríos, lagos y en los mares de Chiloé. Se enmarcó y reguló bajo el sistema de concesiones de agua de mar y fondo marino existente. No había en esa época regulación sobre los diversos usos del mar territorial, incluyéndose en el mismo “saco” las concesiones de puerto, las de cultivo de salmones, de moluscos o algas, con la misma tramitación.

“Más de 35 años después, nos encontramos con que la industria se expandió a las regiones de Aysén y Magallanes. Las concesiones, luego de pasar los estudios de impacto ambiental, son otorgadas con un único criterio: el orden cronológico. Y como resultado, hubo concesiones que, a través de un mismo proceso, eran de excelente nivel productivo, sanitario y ambiental; otras mal ubicadas, en lugares con baja corriente y oxigenación; licencias para operar en áreas de baja profundidad y superficies muy variables. Es decir, un mismo trámite, en diversas épocas, entregó resultados heterogéneos e ineficientes”, plantea Federico Rodríguez, abogado, socio y experto en Recursos Naturales de Baraona Fischer Spiess, en una columna de opinión en Pulso.

A juicio del abogado, los últimos gobiernos han enviado al Congreso proyectos que buscan regularizar y ordenar el otorgamiento y uso de las concesiones de acuicultura. La fórmula es una reorganización territorial de las concesiones y luego, en base a criterios técnicos, determinar si es posible otorgar nuevas concesiones.

“En 2010, con la reciente crisis del virus ISA, se modificó la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA). Se estableció que las nuevas concesiones debían ubicarse en las denominadas “Áreas apropiadas para la acuicultura”, de acuerdo con la Política Nacional de Uso del Borde Costero (vigente desde 1994). Creó también las “Agrupaciones de concesiones” -conocidas como “barrios”- y determinó los procedimientos para las condiciones sanitarias, ambientales y densidades de cultivo de salmones por concesiones y barrios. Se sentaron finalmente las bases para una industria responsable con el medioambiente, factible y sustentable en el largo plazo”, manifiesta Rodríguez.

Suspensión de concesiones

Según expone el socio de Baraona Fischer Spiess, para poder aplicar la ley, se requería que no se otorgaran nuevas concesiones. Por ello, tanto en la Región de Los Lagos como en la de Aysén se suspendió por un período de dos años la tramitación de todas las concesiones de “peces” -no la de otras especies hidrobiológicas como algas o moluscos-, salvo aquellas que estuvieran en un estado avanzado. Además, en Los Lagos, todas las concesiones serían denegadas.

En 2012 el Gobierno realizó nuevas modificaciones para facilitar y dar curso al proceso de relocalización, postergando de nuevo el plazo autoimpuesto e incluyendo a la Región de Magallanes, de forma de no cometer los mismos errores.

“En 2015 se amplió el plazo de cierre para otorgar nuevas concesiones de acuicultura en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes y se volvieron a regular las condiciones para la relocalización de centros de cultivo: no podían sobreponerse con Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos, parques y reservas marinas, parques nacionales, áreas marinas reclamadas por pueblos originarios, áreas donde hubiera presencia de banco natural o caladero de pesca o con sectores de interés turístico definidos en la zonificación respectiva. Las nuevas condiciones territoriales aún no se terminan de definir”, expresa Rodríguez.

Finalmente, el abogado argumenta que durante más de siete años, la industria ha permanecido expectante. Esperando que el Estado regulador le dé la importancia que le corresponde como fuente de ingreso y trabajo. Se perdió la posibilidad de tener más y mejor producción, con efectos predecibles y controlables sobre el medioambiente, porque no hubo voluntad política ni capacidades técnicas apropiadas para iniciar y terminar adecuadamente el proceso de relocalización de concesiones.