“Lo realmente útil sería establecer distancias entre áreas de cultivo de salmón”

Los diálogos entre todos los actores del rubro acuícola local, llevarán a que en los próximos meses el Gobierno presente un proyecto que formará, por primera vez, una Ley específica para este tan importante sector productivo, ya no más ligada a la pesca que correrá también en su propio carril.

Al respecto, el socio de Acuasesorías, Marcelo Campos, comenta en la última edición de la revista Salmonexpert los alcances para la salmonicultura del nuevo proceso normativo que viene.

¿Qué elementos son ineludibles y que debe contener la nueva Ley Acuícola?

Lo ineludible y fundamental es revisar la Gobernanza a cargo de la Acuicultura nacional, debiendo cambiarse el enfoque y rompiendo diversos mitos y errores que la han marcado. Tal como lo he dicho en varias ocasiones, es preciso partir revisando diversas definiciones y conceptos; tenemos que pensar como acuónomos y no como acuicultores (haciendo una clara analogía entre lo que es agronomía y agricultura), entender que en nuestro país no existen la industria salmonera ni los salmoneros sino una industria salmonicultora y salmonicultores (no somos extractores sino cultivadores), que Territorio Marítimo es un concepto antiguo siendo lo natural hablar de Maritorio, que sustentabilidad y sostenibilidad como asimismo preservación y conservación no son sinónimos, que acuícola y acuicultura no es lo mismo y así muchas otras aseveraciones que no nos dejan avanzar y entender a cabalidad lo que se requiere para continuar realizando una actividad que ha sido esencial para el desarrollo económico y social que hemos alcanzado a partir de la instalación de la salmonicultura en nuestro país.

¿Cómo detallaría los aspectos que se deben revisar?

En lo específico, existen numerosos aspectos a revisar y a modo de ejemplo, aunque sea repetitivo, se debe:

a) Proceder a establecer normas realistas que permitan concretar la ansiada relocalización de las concesiones de acuicultura donde es preciso revisar la distancia entre áreas de cultivo, más que la histórica aplicación de distancias entre los centros de cultivo sin o con accidentes geográficos tal como lo fue hasta hace varios años;

b) Determinar un procedimiento eficaz y expedito para proceder con la caducidad de las concesiones de acuicultura, considerando que si un titular incurra en alguna causal de ésta, el acto administrativo de otorgamiento no se pierda (importante es recordar que en la actualidad todo lo que se caduca se pierde como espacio para desarrollar nuevos proyectos de acuicultura, pues no es posible volver a solicitarlos; por ello, lo lógico y natural es que al caducarse una concesión de acuicultura, a través de algún mecanismo que podría ser una licitación pública, ese sector sea asignado a otro titular que efectivamente esté dispuesto a operar y producir);

c) Resolver el problema de muchos acuicultores, preferentemente pequeños y medianos, que por diversas razones no han podido cumplir con los proyectos técnicos y cronogramas de actividades, de tal modo de tener una producción continua y que cumpla con los requerimientos mínimos de producción;

d) Encontrar soluciones que permitan compatibilizar el uso y asignación de los Espacios costeros marinos de los pueblos originarios (ECMPO), para evitar que se sigan rechazando o postergando la renovación u otorgamiento de concesiones marítimas y de acuicultura, perdiéndose así espacios productivos en pro de proteger acciones que no generan, entorpecen o interfieren con el desarrollo; y,

e) Diseñar sistemas para que los trámites sean efectuados y resueltos de manera rápida y expedita, evitando demoras excesivas que generando una tramitomanía que sólo conduce a la existencia de una inoficiosa burocracia, en que además se destaca la desidia de algunos con una marcada desconfianza hacia el sector privado. Es absolutamente vergonzoso que haya trámites que demoren en promedio 5 años y en más de una ocasión hasta más de 20 años, destacándose que existen una gran cantidad de solicitudes de diverso tipo que si se hubiesen tramitado en un tiempo razonable ya estarían otorgadas y no con los problemas que actualmente tienen con su tramitación.

Hay diversos otros aspectos a considerar que deben ser revisados en profundidad y con altura de miras, sin fanatismos ni obsesiones que distorsionan la realidad y desconocen los resultados alcanzados en los cuatro pilares de la sostenibilidad (sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica, sostenibilidad social y sostenibilidad política).

Ya se descartó prohibir concesiones de salmón en áreas protegidas, pero las empresas en ciertas zonas, quieren moverse. ¿Cómo destrabar las relocalizaciones?

Como algo ya señalé, la relocalización de las concesiones de acuicultura se ha planteado teniendo como principal parámetro de análisis la distancia entre los centros de cultivo. Lo realmente útil sería establecer distancias entre áreas de cultivo, respetando tal como lo establece el artículo 87 de la LGPA, el que operen en niveles compatibles con las capacidades de carga de los cuerpos de agua, asegurando la vida acuática y la prevención del surgimiento de condiciones anaeróbicas en las áreas de impacto de la acuicultura.

Esto involucra relocalizar todas las concesiones de acuicultura que sea necesario, independientemente del cultivo de que se trate. Es más, resulta necesario revisar el que la distancia no sea un valor estándar que no considere los aspectos productivos; no parece razonable que al existir dos centros de cultivo que producen 1.000 toneladas de salmónidos cada uno, dos que producen 2.000 toneladas cada uno, o uno con 500 toneladas y otro con 2.000 toneladas, esta distancia sea una constante. Por último, más relevante que las distancias, debieran ser las superficies concesionadas pues ello determina la cantidad de balsas jaulas a instalar y por ende la producción máxima.

Para leer la entrevista completa en la nueva edición de revista Salmonexpert, desde la página 36, haga click aquí.