Nueva Constitución: ¿impacta el fortalecimiento a comunidades indígenas en salmonicultura?

Muchos califican a la propuesta de la Convención como una constitución ecológica y plurinacional, por las nuevas obligaciones que impondría al Estado en el cuidado del medio ambiente y el reconocimiento expreso de los pueblos originarios y derechos específicos para ellos.

También hay quienes se preguntan cómo afectarían estas nuevas normas al desarrollo de distintas actividades económicas si son aprobadas en el plebiscito del 4 de septiembre próximo. En lo que se refiere al mar, por ejemplo, hace poco varias organizaciones de la región de Los Lagos, incluyendo salmonicultura, expresaron una opinión crítica sobre la propuesta.

¿Qué causa esta inquietud? Entre otras cosas, la inclusión en el artículo cinco del borrador de la nueva Constitución de la autonomía y autogobierno de los pueblos originarios y los derechos a la protección de sus territorios marítimos y la naturaleza.

En el artículo 29 del borrador aparece la iniciativa indígena de ley y en el artículo siete se expresa que “los pueblos y naciones preexistentes al Estado deberán ser consultados y otorgar el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos en esta Constitución”.

Por otro lado, el artículo 14 del borrador establece la libertad de emprender y de desarrollar actividades económicas. Agrega que “toda persona, natural o jurídica, tiene libertad de emprender y desarrollar actividades económicas. Su ejercicio deberá ser compatible con los derechos consagrados en esta Constitución y con la protección de la naturaleza”.

¿Cómo van a interactuar estas normas constitucionales si son aprobadas? Según los expertos, dependerá de cómo se vean reflejadas en la legislación que se dicte en los próximos años, aunque sí se anticipa un reforzamiento de la institucionalidad ambiental.

Opinión de un convencional

El abogado Mauricio Daza analizó para Salmonexpert el estatus y derechos de los pueblos originarios en la propuesta constitucional y su impacto en actividades como la salmonicultura. Según el convencional, que representa a la región de Magallanes, el revuelo es injustificado.

Explica que en el fondo no hay muchas novedades. Por ejemplo, la inclusión de la consulta indígena en el proyecto de nueva Constitución es un mecanismo que está vigente en nuestro país desde el año 2009 a partir de la promulgación del Convenio 169 de la OIT.

“Esto ya consagra en nuestro ordenamiento jurídico que se debe consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. En este contexto, no hay un cambio sustantivo a la situación vigente con el borrador de nueva constitución”, explicó Daza.

Agrega que la legislación vigente también considera el espacio costero marino de los pueblos originarios y les reconoce la posibilidad de efectuar pesca dentro de una determinada zona sobre la base del uso consuetudinario.

“El proyecto de nueva Constitución no va más allá de los márgenes de dicha legislación, reconociendo la posibilidad a los pueblos originarios de usar los bienes naturales comunes conforme a sus usos tradicionales, pero sin entregarles la administración o gestión de tales recursos en términos de entregar o revocar derechos a terceros o realizar una actividad que exceda el ámbito de sus actividad propias y ancestrales”.

“En este contexto, no existe un cambio en relación a la actividad acuícola, ya que las referidas leyes no son incompatibles con las normas incluidas en el borrador de nueva Carta Fundamental”, aseguró el convencional.