Tribunal Ambiental acoge recurso de reposición de Cooke Aquaculture Chile
Chile: La Autoridad estableció para el 27 de diciembre la audiencia de alegatos, donde la salmonicultora acusa daño patrimonial cercano a US$8 millones, debido a la paralización de siembras.
Publicado
En octubre, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ordenó, previa autorización del Tercer Tribunal Ambiental, la detención parcial de actividades relativas al proceso de siembra en el centro Huillines 3 de Cooke Aquaculture Chile, ubicado en el Estero Cupquelán, dentro del Parque Nacional Laguna San Rafael.
Todo esto, debido al inminente peligro para el medio ambiente por la futura siembra de 170.000 salmones, pues el sitio de cultivo no ha sido evaluado ambientalmente según dio a conocer en su reporte la Autoridad.
Ante esto, la empresa reclamó ante el Tercer Tribunal Ambiental en contra de la medida cautelar de paralización parcial de la siembra de 170.000 salmones, los cuales se encuentran autorizados sectorialmente en el centro de cultivo Huillines 3 “y que debido al actuar ilegal y arbitrario de la Superintendencia del Medio Ambiente, no han podido sembrarse”.
Luego de ello, el Tercer Tribunal Ambiental fijó audiencia para el 12 de enero de 2023, pero Cooke Aquaculture Chile interpuso recurso de reposición contra esto dado que el plazo para concretar la siembra del centro Huillines 3 vence el 3 de enero de 2023.
Y con la medida decretada, si es que no se levanta, la firma sufriría daño patrimonial por US$703.135 debido al costo de los salmones eliminados; US$847.301 a causa del costo de dos jaulas y centros de cultivo en los que no se puede sembrar; y US$6.233.579 a raíz del valor de venta perdido de la cosecha de 170.000 peces, alcanzando casi los US$8 millones en mermas.
Por lo mismo, el Tercer Tribunal Ambiental cambió su primera decisión fijando la audiencia para los alegatos el próximo 27 de diciembre a las 09:30 horas, tomando en consideración lo que pidieron los abogados de la salmonicultora.
Cooke Aquaculture Chile ha acusado que “pese a la urgencia que adquiere el conocimiento de una medida ilegal, en virtud de la cual un particular está sufriendo un daño patrimonial grave por parte del Estado, sin un procedimiento previo en que se establezca su responsabilidad respecto a infracción alguna, y además sin ser oído respecto de la interposición de la gravosa medida impuesta, el proceso ha experimentado una dilación injustificada”.
