Invermar revela daño financiero que le provocó norma de densidades
Chile: La salmonicultora cifró en US$ 4,4 millones el gasto generado para producir 2.000.000 de smolts que no pudo ni podrá sembrar en el período febrero-julio de 2019.
La nueva normativa de densidades generó visiones encontradas en la industria chilena del salmón, y una de las empresas que rechazan esta regulación, Invermar, optó por el camino de interponer un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en contra de Subpesca, acción que fue rechazada por la instancia judicial.
Lo anterior, ya que, según la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, el recurso de protección de la salmonicultora es extemporáneo al haberse presentado más allá de los 30 días posteriores al inicio de las acciones acusadas, no habría existido conducta ilegal o arbitraria del subsecretario Eduardo Riquelme y del Jefe de la División Acuícola de Subpesca, Eugenio Zamorano, y la afectación del derecho constitucional de propiedad de Invermar no sería claro o evidente (ver acá el fallo judicial).
Por ello, a través de su abogado, Kevin Venturelli, la empresa resolvió apelar contra la sentencia de la instancia judicial, elevando el proceso hasta la Corte Suprema. Allí, reveló que daño patrimonial que le significó la nueva normativa de densidades alcanza los US$ 4,4 millones, “lo cual representa sólo el gasto generado para producir los 2.000.000 de smolts que no se pudieron ni podrán sembrar en el período febrero-julio de 2019, en la región de Los Lagos”.
La compañía afirmó en su recurso de apelación que “basta tener claridad que el ciclo productivo en la industria acuícola es de alrededor de tres años. A pesar de que mi representada informó en tiempo y forma según el procedimiento legal, e hizo las inversiones y compras para la realización de dicha operación, el ente administrativo cambió las reglas de juego”.
El abogado de Invermar señaló que siendo el programa de manejo de porcentaje de reducción de siembra (PRS) la alternativa menos perjudicial existente, “dado el cambio en las reglas del juego que se había producido, por carta de fecha 14 de diciembre de 2018, nos acogimos al PRS, indicando una nueva y menor proyección de cultivo, pero subrayando la ilegalidad a la que ha sido expuesta, reservándonos las instancias para amparar los derechos de mi mandante”.
“La única manera posible para que las actuaciones impugnadas no tengan carácter de ilegal y no vulneraren el debido proceso, los derechos de propiedad e igualdad ante la ley, es que sus efectos comiencen a regir desde el 15 febrero próximo”, aseguró la salmonicultora, recalcando que el año pasado, se le dieron solamente dos días para hacer observaciones al primer Informe Técnico que llevó a la nueva normativa de densidades, cambios que no se habrían consultado a los Comités Científicos de Acuicultura por parte de las autoridades de Subpesca.
Para ver el recurso de apelación interpuesto por Invermar, haga click aquí.