Salmonicultores consideran excesivo sancionar escapes con valor de cosecha

Ayer, el proyecto de ley (boletín 11571-21) que busca endurecer la regulación aplicada a los escapes masivos de salmónidos, tuvo un nuevo avance, recibiendo la opinión de la industria en la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos de la Cámara Alta, luego de que un grupo de senadores realizaran indicaciones a la iniciativa.

En ese sentido, Arturo Clément, presidente de SalmonChile, señaló que utilizar como parámetro el valor de mercado de la biomasa “implica una sanción muy alta y subjetiva” frente a los escapes de peces si además se le suma el riesgo de que se caduque la concesión, mientras que, a su juicio, la presunción de daño ambiental debería aplicarse solamente en caso de reiteración de fugas. 

Para el dirigente, la posibilidad de caducidad de la concesión, debería evaluarse en caso de que un centro reincida con escapes de salmones. Con todo, se mostró a favor de que se implemente una regulación preventiva, con certificación de estructuras de cultivo antes de la siembra, aunque pidió que se reconsidere subir de 15 a 60 días el plazo para corregir falencias, previo a la cosecha.

Asimismo, Clément mostró preocupación por la creación de una pesquería de salmón todo el año, afirmando que lo correcto es que, tal como precisa el proyecto de ley, los pescadores artesanales y otros actores apoyen las labores de recaptura, en casos de escapes, junto con desincentivar robos de productos no solamente en centros, sino que también en plantas y en transporte. 

“Daño a la imagen país”

Por su parte, Joanna Davidovich, directora ejecutiva del Consejo del Salmón de Chile, aseguró que la sanción en base al valor de cosecha del escape -además de la clausura de una concesión- es desmedida en centros donde no existen fugas previas, agregando que suponer una responsabilidad objetiva y daño ambiental pese a que el evento pudo originarse por terceros, es incorrecto y es un asunto que debe ser determinada por un juez, con sustento técnico.

En tanto, la dirigente apuntó que el cambio climático está agudizando eventos en mar, por lo que el foco es la prevención de escapes, siendo el proyecto de ley en trámite correcto en términos de más seguridad en estructuras de cultivo, con el apoyo de los pescadores artesanales y otros actores para la recaptura en casos de fugas.

Sin embargo, Davidovich advirtió que la autorización permanente para capturar salmónidos “crea incentivos para aumentar los escapes”, y también, no será posible garantizar períodos de carencia de esos peces, dañando la imagen país por falta de trazabilidad en productos del mar. Al mismo tiempo, subrayó que solicitar información de uso de antibióticos junto con datos de cosecha y de biomasa, sería peligroso para la libre competencia, con lo que recomendó consultar primero a la Fiscalía Nacional Económica al respecto. 

“No es proporcional”

Mientras que Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, otorgó como dato que en los últimos 10 años, el 48% de los peces escapados están concentrados en cuatro siniestros, implicando el 2% de los centros activos y al 0,2% de las siembras, principalmente por eventos climáticos, problemas de manejo y acción de depredadores.

Tomando en cuenta el proyecto de ley, Odebret estuvo de acuerdo en que se debe exigir mantener condiciones de seguridad y prohibir siembras en centros de salmón que cometan incumplimientos, pero aplicar sanciones equivalentes al valor de cosecha del escape “no es proporcional”, si se suma el riesgo de caducidad de la concesión. 

El presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes argumentó igualmente que elevar de 10% a 70% el mínimo de recaptura de peces escapados “significa que existirá presunción de daño ambiental en todos los casos”, alertando de paso que establecer responsabilidad objetiva en cada evento es algo desmedido.