El nuevo emprendimiento de un reconocido ejecutivo de la salmonicultura chilena

Eduardo Aguilera tiene una larga trayectoria en la industria del salmón. Primero siendo director regional Los Lagos en Sernapesca y luego, como el gerente general en STIM Chile, para ahora emprender en el sector. En entrevista con Salmonexpert, cuenta acerca de sus planes dentro del rubro, de manera independiente y su visión para la regulación hacia la actividad.

¿Qué nuevos desafíos profesionales tomarás ahora?

Estoy preparando un emprendimiento con una oferta de tecnología y servicios para mejorar las condiciones de cultivo y la sustentabilidad de las concesiones, tanto vía una propuesta de tecnología como también de servicios para mejorar el cumplimiento ambiental de las concesiones de salmones. Espero a partir de marzo ya estar contactando a las empresas para presentarles nuestra propuesta.

¿Cómo impulsará una salmonicultura más sostenible?

Creo que la base de una salmonicultura sostenible está en el bienestar de los salmones, es necesario buscar soluciones o formas de mitigar los grandes problemas que afectan las condiciones de cultivo, como las bajas de oxígeno, los fondos anaeróbicos y la infestación de Caligus. Todos estos factores afectan el desempeño productivo y la condición sanitaria de los peces, por lo que buscar soluciones o tecnologías que mitiguen estos factores, van a tener un impacto en lograr una industria más eficiente y con mayor capacidad para ofrecer un producto de mejor calidad a menor costo.

¿Cuáles son los elementos que debe contener la nueva Ley Acuícola?

En primer lugar, una ley acuícola, ya sea una nueva o la actual, deben dar certezas, dado que es la única forma en la que la industria puede abordar inversiones de gran escala y que obviamente necesitan muchos ciclos productivos para que se paguen. En este sentido el Estado, independiente de los gobiernos de turno, debe hacerse cargo y honrar los compromisos adquiridos, así, construyendo confianzas se puede crecer y desarrollar una industria y como consecuencia, el país y en este caso en particular, la zona sur austral de Chile.

Es necesario que el Estado se haga cargo de las concesiones que otorgó en las AAA y no venir 30 años después a cambiar las reglas del juego, modificando reservas forestales a parques nacionales marinos, lo cual es un tremendo contrasentido, en consideración a que la extensión del mar territorial en las regiones de Aysén y Magallanes es lo suficientemente grande como para realizar un ordenamiento territorial.

Además, es tremendamente contradictorio que, por una parte, siendo nuestra economía dominada principalmente por las actividades sobre recursos naturales y este sentido siendo la actividad de acuicultura y pesca, tan importante para nuestro país -Chile está dentro de los 10 primeros países en el mundo tanto en pesca como en acuicultura- nos damos el lujo de haber declarado un 40% de nuestra Zona Económica Exclusiva como Áreas Marinas Protegidas. En consideración a que Chile está entre los países con los indicadores más “verdes” dentro de los países miembros de la OCDE me pregunto si acaso, ¿no sería más racional ajustarse a la meta planteada originalmente de alcanzar el 30% de Áreas Marinas Protegidas para el año 2030 y así no bloquear potenciales desarrollos futuros?

Por otra parte, el Estado, mediante la actual o la eventual nueva Ley que regula la acuicultura, debe resolver el gran problema de la Ley Lafkenche, que tanto en su origen como en el reglamento que la regula, claramente presentan problemas serios, al otorgar el derecho a unos pocos a obstaculizar el ejercicio de los derechos de muchos, y con muchos me refiero a pescadores artesanales, acuicultores de pequeña escala, industria pesquera y acuícola, turismo, desarrollo incluso de proyectos deportivos, etc., en suma el desarrollo de las regiones del sur austral y sus comunidades.

Finalmente debe ser el Estado, mediante un acuerdo entre todos los sectores y la industria, el que, mediante una real Política de Acuicultura, señale un mapa de ruta respecto de donde queremos estar en 20, 30 o 50 años, tal como lo ha hecho Noruega. Este plan de desarrollo o mapa de ruta debe estar gobernada por una entidad dotada de la autoridad necesaria, para coordinar y regular a todas las agencias del Estado y evitar descoordinaciones, sobrerregulaciones e iniciativas contradictorias, como lamentablemente pareciera que ha ocurrido algunas veces. Este rol hoy le cabe a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y por los antecedentes que he expuesto, por qué no tal vez, a un largamente anhelado Ministerio.

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