Informe de Comité Científico y de Greenpeace llegan al Senado
Chile: Precisar si las autoridades actuaron conforme a la ley, al momento de autorizar el derrame de salmones al mar, fue una de las interrogantes en las que profundizaron diversos expertos.
Preliminarmente, el 13 de octubre los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales se harían presentes en la isla de Chiloé. El objetivo de la visita será conocer -en terreno- la opinión de la comunidad afectada por la marea roja que se habría visto incrementada por el vertimiento de salmones en descomposición al mar de la región de Los Lagos, en marzo pasado.
Así lo acordó la instancia, luego que, en la última sesión, escucharan las conclusiones del Comité Asesor Científico Técnico por Marea Roja y de la ONG Greenpeace, cuyos representantes confrontaron posiciones y se imputaron mutuamente de cometer "desprolijidad metodológica" y atribuyeron un supuesto "uso político", de los respectivos estudios.
Visita
Asimismo, líderes de la sociedad civil afectada, solicitaron a los legisladores hacerse presentes en Chiloé, de manera de buscar en conjunto una solución a los problemas ambientales, laborales y sociales originados por la contaminación de las aguas.
En ese entendido, el presidente de la Comisión, el senador Alejandro Navarro explicó que el 13 de octubre está agendada una visita de esta instancia, en la que también tomarían parte, los congresistas que representan la región de Los Lagos, es decir, los senadores Rabindranath Quinteros e Iván Moreira.
El integrante del Comité, el profesor Alejandro Buschmann explicó que el informe dado a conocer será concluido en octubre debido a que en este confluyen especialistas chilenos y extranjeros de Alemania, Estados Unidos y Japón.
Recordó que la crisis ambiental comenzó en enero de este año. “La mortalidad de salmones se conoció la tercera semana de febrero y el permiso de vertimiento fue en marzo. Tras ello se observó la proliferación de la especie Alexandrium catenella y otras”, apuntó.
El experto aclaró que “en el sur hubo un fenómeno de ‘surgencia’ que no es habitual. Se registró una variabilidad de la temperatura superficial del mar haciendo que se registraran aguas más frías que influenciaron la zona del mar interior de Chiloé, lo que terminó penetrando del sur al norte”.
Buschmann reconoció que hasta ahora no se conocen las consecuencias ambientales del fenómeno, debido a que las muestran que se tomaron fueron a menos de dos meses de ocurrido el vertimiento, por lo que se requieren estudios sucesivos.
Informe Greenpeace
La representante de Greenpeace, Estefanía González aseguró que el caso se trata de un fenómeno global que fue testeado por la ONG en dos expediciones que se realizaron en la zona afectada. “Hubo varazones de diversas especies de peces y aves en distintas áreas. Utilizamos datos de la Nasa, imágenes oficiales satelitales e información de autoridades civiles y navales en este estudio”, comentó.
“Nuestras conclusiones nos llevan a pensar que había un bloom de microalgas anterior al vertimiento, lo cual es reconocido por el Gobierno. Los salmones en descomposición produjeron grandes cantidades de amonio, y había condiciones ambientales para la proliferación de algas; a pesar de eso, el Gobierno autorizó el vertimiento”, planteó garantizando que “no es posible determinar que la magnitud de la marea roja, corresponde a elementos naturales, por lo que tampoco podemos desestimar el aporte del vertimiento”.
El director de Greenpeace, Matías Asún insistió en que “no hay antecedentes legales que permitan sostener la decisiones que se tomaron. La actual Ley de Pesca no permite ningún tipo de vertimiento nocivo. Se indica que está prohibida cualquier descarga de sustancias nocivas sin tratamiento previo. Por tanto, se cumplió la norma en el papel”.
“El informe que hizo el Ejecutivo no cuenta con algo esencial como es la hipótesis de impacto. La conclusión que se presenta dice que no habría afectación al medio ambiente acuático, lo que es altamente cuestionable”, comentó.
Uso responsable
Por su parte, el subsecretario de Pesca, Raúl Súnico desestimó el documento de Greenpeace, calificándolo como "irresponsable" puesto que no contaría con una metodología adecuada. “Creemos que se ha hecho un uso político de esta situación que es lamentable. Para el Gobierno el único informe oficial es el que ha emitido el Comité”, aclaró.
La autoridad observó que los salmones en descomposición no eran posibles de ser reutilizarlos en harina de pescado ni tampoco se podían depositar en vertederos. “Acá estaba en riesgo la vida de las personas que trabajan en el mar, por eso debimos actuar con rapidez. Para ello llamamos a numerosos expertos independientes, quienes nos ayudaron a tomar decisiones como fue determinar el punto de vertimiento”.
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