Fiscalía propone salida alternativa en caso contra ex ejecutivos de Nova Austral
Chile: Ya pasaron tres años desde que se inició la causa por eventuales delitos de fraude de subvenciones, adulteración de datos y contaminación en la que están formalizados cinco ex gerentes y la propia empresa.
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Este miércoles se celebró en el Tribunal de Garantía de Porvenir una audiencia que solicitó la Fiscalía para pedir un nuevo aumento del plazo de investigación en la causa iniciada contra Nova Austral y los ex ejecutivos Nicos Nicolaides, Rigoberto Garrido, Isaac Ollivet-Besson, Arturo Schofield y Drago Kovacich.
El fiscal subrogante Sebastián Marín justificó la solicitud diciendo que se trata de una investigación de largo aliento, por el elevado cúmulo de antecedentes que debe analizar la Brigada de Delitos Económicos de la PDI y porque aún quedan diligencias pendientes con testigos.
Pero la real dimensión del nivel de datos involucrados en las pesquisas quedó al descubierto cuando informó al juez que la Brigada de Delitos Económicos tiene la misión de analizar 1 millón 419 mil 679 correos electrónicos y sus respectivos archivos adjuntos, y que a la fecha apenas han pesquisado 1.100 de esos mensajes contenidos en los computadores de los imputados. El propio fiscal reconoció que la PDI no puede destinar los recursos suficientes para completar el análisis de esos correos en un plazo razonable.
Y en ese contexto indicó que, junto con solicitar cuatro meses más para investigar, requería que se fije una nueva audiencia para plantear una salida alternativa de la causa.
Los abogados que representan a los ex ejecutivos y a Nova Austral expresaron su acuerdo con la posibilidad de una salida alternativa que, ciertamente, es un escenario más favorable para sus clientes que el de llegar a un juicio oral.
Las salidas alternativas contemplan un acuerdo reparatorio, que permite dar término a la causa imponiendo ciertas obligaciones a los imputados; y la otra opción es una suspensión condicional del procedimiento, que consisten en la imposición de condiciones a los imputados durante un plazo. En ambos casos, una vez cumplidas se produce el efecto de sobreseimiento definitivo.
Cabe señalar, en todo caso, que los abogados querellantes del Consejo de Defensa del Estado y de las comunidades indígenas no comentaron la propuesta de la Fiscalía para buscar una salida alternativa.
Finalmente el Juez de Garantía de Porvenir aceptó extender el plazo de investigación por sesenta días y además programó una audiencia para el 26 de octubre con el objetivo de debatir si procede o no la fórmula que propone el Ministerio Público.
