Gobierno rechaza prohibir la producción de salmón en Magallanes

En trámite continúa el proyecto de ley de los senadores Guido Girardi, Carolina Goic, Isabel Allende y Ximena Órdenes, que busca prohibir el otorgamiento y también la renovación de concesiones de acuicultura intensiva de especies exóticas en la región de Magallanes, excluyendo a toda esta actividad de las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.

Asimismo, la iniciativa pretende prohibir que se realice acuicultura en territorios que se califiquen de ancestrales y zonas de uso tradicional de los pueblos originarios y que se amplíe el alcance de las distancias no solamente a parques y reservas marinas, sino que a todo tipo de área protegida.

Frente a esto, el Gobierno, a través de Subpesca, dio a conocer hace algunas semanas su posición en el Senado, la cual dice que “no se comparte esta idea del proyecto. La decisión sobre qué actividades se pueden desarrollar en cada región es una materia que cada Comisión Regional de Uso de Borde Costero debería definir con ocasión de la zonificación del borde costero respectivo”.

En la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, de acuerdo con Subpesca, “se pueden establecer limitaciones de distancias respecto de áreas protegidas y a su vez, criterios de compatibilidad de usos y preferencias de ciertas actividades por sobre otras”.

En tanto, el proyecto de ley quiere permitir la pesca extractiva calificada como tradicional sólo en las zonas marítimas de las Reservas Nacionales y Forestales, previa autorización del órgano competente y siempre que no se afecte el objeto de protección del área.

Ante este planteamiento, la autoridad manifestó que “no queda claro lo que se entiende por pesca extractiva tradicional, pudiendo acotarse a la pesca artesanal, incluir la pesca de los pueblos originarios o incluso, la pesca industrial asentada en dichos sectores”.

Vigencia de las concesiones

Respecto a la idea de la iniciativa de reducir de 25 a 10 años la vigencia de las concesiones de acuicultura, el Gobierno advirtió que “es discutible la constitucionalidad de este punto, por cuanto tal como está redactado, parece pretender modificar un derecho adquirido pues no distingue entre centros otorgados y nuevos”.  

En su documento técnico, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura aseguró que el proyecto de ley “aborda materias que periódicamente emergen en la discusión, particularmente la compatibilidad de la salmonicultura con los objetivos de protección medioambiental, debido a la negativa imagen que se tiene de la actividad”.

“Así las cosas, debe analizarse si la perspectiva planteada por la iniciativa, que parte de la base de la prohibición total por ley, resulta ser la más apropiada para asegurar el crecimiento sustentable de la actividad salmonicultora en un escenario que cambia de forma dinámica”, subrayó el Poder Ejecutivo en el informe entregado al Senado.

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