Los detalles de la reorganización judicial solicitada por Nova Austral
Chile: La salmonicultora busca arribar a un acuerdo con sus acreedores para reestructurar su pasivo y activo, donde entre otras cosas relevantes, la empresa declaró una deuda por cerca de US$560 millones.
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Ante el Juzgado de Letras y Garantía de Porvenir se concretó el ingreso del escrito mediante el cual Nova Austral solicitó la apertura del procedimiento de reorganización judicial que contempla la legislación chilena para la reestructuración de los pasivos y activos de una empresa deudora, cuando ésta es viable. El documento fue presentado por el abogado Ricardo Reveco Urzúa, del estudio Carey Abogados.
La solicitud al Juzgado de Porvenir va acompañada de un informe que detalla el monto adeudado a cada uno los acreedores. Cabe recordar, igualmente, que la salmonicultora enfrenta otros procesos por las prácticas materializadas en la administración anterior.
El monto total declarado de la deuda es de US$559.740.105 y el 90% de esa suma se reparte entre tres acreedores: Nordic Trustee, como representante del tenedor de bonos y agente de garantía con una deuda de US$415.505.788; DNB Bank, con un monto adeudado de US$69.128.591; y Comercializadora Nutreco Chile a la que adeudan US$23.890.116.
Pero la lista es más larga, porque el informe detalle un total de 471 proveedores de Chile con los que Nova Austral mantiene algún nivel de deuda; 9 proveedores extranjeros; 16 acreedores por honorarios; una agencia de aduanas; y se mencionan también los bienes que están hipotecados y como prenda en favor de los principales acreedores.
Fuerte caída de producción
El documento señala que de la empresa dependen cerca de tres mil trabajadores directos e indirectos y que es un actor económico clave para Magallanes y, especialmente, para la comuna de Porvenir donde es el principal empleador, pero que una serie de factores excepcionales le han impedido el normal desarrollo de las actividades productivas y el cumplimiento de sus proyecciones y compromisos con acreedores.
Menciona en primer lugar el endurecimiento del estándar fiscalizador al que se ha visto sometida la empresa por parte de la Superintendencia del Medio Ambiente, que aplicó sanciones a Nova Austral sin precedentes en la historia de la industria cuando revocó permisos ambientales de centros de engorda de salmones relevantes para su operación; o de Sernapesca que aplicó sanciones que limitaron las cosechas en otros centros.
“Se suma a lo anterior la retención por parte de la justicia de recursos por gratificaciones correspondientes a la Ley Navarino que superan los $7 mil millones de pesos. Todo lo anterior ha significado una disminución de la producción de la compañía a un tercio respecto de lo que era hace unos pocos años, lo que evidentemente ha afectado el flujo de la compañía y ha dañado su capacidad para cumplir los compromisos con sus acreedores”, argumenta el abogado de Nova Austral.
También se explica la difícil situación económica de la productora por una falta de reconocimiento de las mejoras operacionales que ha aplicado desde hace cuatro años una administración renovada; la invalidación en tribunales de los permisos para relocalizar centros de cultivo; y la emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19, además de factores económicos internos y externos que causaron un aumento generalizado de los costos y cierre de mercados.
Tras explicar que no fue posible lograr un acuerdo global para reestructurar las deudas netamente financieras y asegurar la continuidad operacional de la compañía, solicitan al Juzgado de Porvenir el inicio de un procedimiento concursal de reorganización judicial “para que Nova Austral junto a sus acreedores logren un acuerdo, permitiéndosele continuar desarrollando su negocio, cumpliendo con sus compromisos con sus acreedores, su comunidad y sus trabajadores”.
