¿Cuánto gasta el Estado en proteger áreas marinas versus Ley Navarino?

La semana pasada, la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de Magallanes realizó un foro público, denominado “Desafíos de la industria acuícola en la Región de Magallanes”.

Uno de los expositores fue Diego Lillo, abogado del Programa de Protección de Recursos marinos costeros de la Asociación Interamericana para la Defensa Ambiental (AIDA) y académico de la Clínica de Justicia Ambiental de la Universidad Diego Portales (UDP), desarrollando su actividad profesional en directa relación con litigios en material ambiental en representación de diversas comunidades.

En su exposición “Salmonicultura y conflictividad socio ambiental”, Lillo mostró un panorama amplio de los desafíos que enfrenta la industria salmonicultora, poniendo el acento en los problemas que enfrentan las comunidades que están insertas en los conflictos socioambientales, que son originados por esta actividad económica en la Región de Magallanes.

“Chile tiene una triste tradición de tener ‘zonas de sacrificio’ en la mayoría de sus representaciones industriales, los que han generado diversos problemas. La expansión de la industria salmonicultora hacia el extremo sur de nuestro país, se debe a que en la región de Los Lagos hay una cantidad intolerable de pasivos ambientales que dejó la salmonicultura y esa es la razón por la cual tuvo que emigrar. Es una industria que ya dio pruebas de que en la región de Los Lagos no es sustentable y la razón de por qué, actualmente hay una mayor cantidad de judicialización de proyectos salmonicultores en Magallanes es, precisamente, por el prontuario de la industria. Además, este prontuario se instala en las aguas más prístinas que Chile tiene, en la región donde hay más áreas protegidas en el mar”, explicó el abogado.

“Tenemos un gran problema, aun cuando en los últimos diez años tenemos una institucionalidad ambiental más moderna que ha hecho público estos casos -como el de Nova Austral-, no lo sabemos todo. Para ello, existen algunas explicaciones que están en el centro del trabajo que está desarrollando AIDA, y se relacionan con los bajos estándares de la actividad salmonicultora, fallas en los mecanismos de prevención y fiscalización disponibles en la normativa y la existencia de incentivos perversos en esta normativa para este tipo de irregularidades”, recalcó Lillo.

Reserva Kawésqar

El profesional argumentó que existe una tendencia en los servicios de administración de los bienes ambientales, quienes tienen que velar por el cumplimiento de la normativa vigente, de interpretarla para favorecer la entrada de la industria salmonicultora a la Región de Magallanes.

“En un estudio realizado por AIDA, Greenpeace y ONG FIMA, denominado ‘Incompatibilidad de la salmonicultura con la Reserva Nacional Kawésqar’, se exponen argumentos para determinar que existe una contradicción. Esto, porque la primera Reserva Nacional que sólo se encuentra en el mar es la Reserva Nacional Kawésqar. La norma de la Ley de Pesca no contemplaba ese modelo de protección y ese es uno de los grandes problemas”.

Además, “no es tan simple el hecho de que sólo porque la Reserva lleva el nombre de Kawésqar, sea incompatible la salmonicultura, sino que hay un compromiso adoptado por el Estado de Chile con la comunidad Kawésqar, en el marco de la consulta indígena que se realizó para la dictación del Área Protegida, de excluir expresamente la acuicultura de especies exóticas. No es el nombre, hay un acuerdo celebrado en el marco del Convenio 169 que no está siendo respetado y está siendo infringido gravemente. Esto es sumamente alarmante”, detalló el abogado.

Incentivos normativos

Según datos de Conaf, en Chile las Áreas Protegidas por hectáreas se dividen en 88% terrestres y 12% marinas. En Estado gasta $3 por hectárea de área marina protegida (ver Lámina 1).

“Nuestro país entrega excesivos subsidios a la industria salmonicultora. Existen varios programas gubernamentales que entregan recursos públicos a la salmonicultura, existe la Ley de I+D que estableces exenciones tributarias para empresas que demuestren mejoras en su efectividad competitiva y la Ley Navarino. De estas tres herramientas, la Ley Navarino entrega datos más transparentes, aunque no es el único mecanismo de transferencia de platas públicas a la industria salmonicultora”, apuntó el especialista.

Entre el 2001 y 2021, la única compañía beneficiada con la Ley Navarino ha sido Nova Austral, cuyos centros de cultivo activos ubicados en el Parque Nacional Alberto de Agostini ocupan una superficie de 53,86 hectáreas (Lámina 2). Ahora bien, tomando los datos de enero a abril de 2021, esta empresa, por concepto de subsidios de Ley Navarino, recibió $4.457.715.552 y en ese mismo período, el Estado de Chile gastó $82.764.863 por hectárea de centro de cultivo activa.

“Lo anterior, no se puede representar en un gráfico adecuadamente, no hay forma de comparar visualmente, los $3 de gasto público por hectárea de área protegida y los $4.457 millones, que sólo en los primeros cuatro meses de este año fueron entregados a Nova Austral por la Ley Navarino. Para ponerlo en perspectiva, la multa que recibió este año por parte de la SMA fue de $1.225.881.252 (Lámina 3), un poco más de ¼ del subsidio recibido. Insisto en que tenemos un gran problema y están las instancias para tratar de solucionarlo”, finalizó el abogado.