Los desafíos para establecer una nueva ley que regule a la salmonicultura chilena

El Gobierno, a través de Subpesca, sorprendió anunciando que paralelamente a una reforma a la Ley de Pesca, tramitará una nueva Ley Acuícola que se espera sea presentada en el último trimestre de este año tras concretar diálogos con todos los actores del sector, donde la industria del salmón se ha mostrado dispuesta a participar. Expertos consultados por Salmonexpert dieron a conocer su visión sobre los desafíos de este proceso.

Al respecto, el ex superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, manifestó que quedan temas pendientes relacionados con el impacto en el territorio de los centros salmonicultores, y el desarrollo de la actividad en áreas protegidas. “En reciente fallo, el Tercer Tribunal Ambiental releva la importancia de hacerse cargo de impactos sinérgicos y acumulativos en acuicultura producto de la operación de múltiples proyectos. No obstante, no se aclara la forma de resolver esto. Una modificación legal podría aclarar esta situación”.

También podría avanzarse en entregar mayor flexibilidad al trámite de concesiones acuícolas o establecerse normas técnicas generales para que los proyectos obtengan su autorización por una vía más expedita que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. “Muchos proyectos demoran su puesta en operación por lo largo de estos procesos y algunos superan con creces los períodos de caducidad de sus Resoluciones de Calificación Ambiental por demoras que son responsabilidad de organismos públicos. Otros tienen la voluntad de retirar su operación de parques nacionales, pero requieren reubicarse en otros sitios, proceso cuesta arriba desde la burocracia”, señaló de la Maza.

Luego, Ruben Avendaño, investigador del Centro Incar, indicó que se debe considerar el enfoque ecosistémico de la acuicultura como principio básico en su marco general y contar con incentivos que permitan realizar una actividad amigable con el entorno, así como las sanciones para quienes no cumplan con la normativa. “En este punto, los castigos requieren ser fuertes para que no ocurran situaciones como las ocurridas en los últimos años con multas muy menores”.

“Todo lo anterior debe estar acompañado de presupuestos concretos y reales que permitan al ente fiscalizador cumplir con su función y no depender de la información o infraestructura de los fiscalizados o un tercero. Finalmente, como investigador creo relevante que esta Ley Acuícola incluya concretamente la gobernanza en temas de investigación y considere presupuesto para generar conocimiento específico para potenciales problemas que puedan aparecer, no solamente reaccionar ante la emergencia”, dejó en claro Avendaño.

Mientras que Adolfo Alvial, director ejecutivo del Club de Innovación Acuícola, expuso que la nueva ley debe propender al desarrollo sostenible y competitivo de la actividad acuícola, con reglas claras, ello en aspectos tales como localización, temporalidad y duración de permisos, “entendiéndose que la naturaleza del negocio no favorece la inversión, la innovación y la adecuación a nuevos desafíos ambientales, de mercado y de tecnologías en plazos irrealistas”.

Cada ciclo productivo toma, en términos generales, un año en agua dulce y entre un año y un año y medio en el mar, total dos a dos y medio años, versus otras actividades de producción animal que duran un mes y medio. “Si no queremos afectar a la industria que constituye una gran oportunidad país, debemos pensar en concesiones otorgadas por plazos no inferiores, al menos a 15 ciclos, y un marco de estabilidad que sólo determine la pérdida de esas autorizaciones bajo condiciones de incumplimientos debidamente tipificados en la ley o de eventos causados por eventos catastróficos naturales o de origen antrópico. Asimismo, deben existir plazos perentorios para pronunciamientos de empresas y autoridades”, argumentó Alvial.

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