Luis Lizama, abogado socio de Lizama y Cía. y miembro del Comité Laboral pro Empresa, expuso en el último Consejo General de la Sofofa de este año una crítica visión sobre las indicaciones a la Reforma Laboral que presentó el Gobierno el 9 de diciembre. En esta entrevista el experto profundiza esas aprensiones y fustiga el texto que despachó la Comisión de Trabajo del Senado, según informó Pulso.

Advierte además que ante el escenario de una eventual Comisión Mixta y un reclamo de la oposición en el Tribunal Constitucional (TC), “este es un proyecto que tiene un resultado incierto en todas sus fases”.

¿Qué evaluación hace de las últimas indicaciones que presentó el Gobierno?

Las medidas del Gobierno son un maquillaje, o sea, no se ve una propuesta concreta en que uno diga que se modifica el proyecto original que se aprobó en la Cámara. Hay una excepción, que es la regla en virtud de la cual la huelga en la empresa contratista no afecta a la principal. Esa es la única regla significativa, clara y que está redactada de manera taxativa. Es decir, la posibilidad de que un juez la interprete de manera distinta es bastante baja.

Los demás temas son relativos. El descuelgue individual establece que el trabajador que se baja de la huelga deja de ser parte de la negociación colectiva, entonces, la probabilidad del descuelgue es bastante baja. Ese punto tiene una letra chica. En materia de reemplazo no hubo un cambio significativo.

¿Hay algún punto positivo?

La regla de quórum que se creó para las Mipes es una buena solución. También hay una buena propuesta de la bancada DC en materia de extensión de beneficios. Pero por el lado del Gobierno, en huelga y reemplazo interno, es bien poco lo que se resuelve. Hay mucha bulla, la CUT se opone porque se morigera el proyecto, pero en términos efectivos no hay nada. Aprobada en la Comisión de Trabajo del Senado está reforma es igual a nada. Creo que la reforma que el Gobierno plantea es insuficiente: no asegura el reemplazo porque no hay explícitamente un cambio de función.

¿De qué manera se hubiera explicitado mejor el reemplazo interno?

Tendría que haberse seguido la misma claridad que se estableció para las empresas contratistas, donde se estableció que si hay una huelga en esas firmas, la mandante puede reemplazar proveyendo el servicio con trabajadores propios o con terceros. Pero establecer que se puede cumplir la función de manera convenida, que se puede alterar el turno laboral y que sólo puede haber cambios dentro de un mismo recinto, es algo poco significativo. Se crea una norma controvertida ambigua, interpretable y genera una discusión política, y lo más importante es que no resuelve el problema de fondo. Esa es una indicación mala del Gobierno.

¿Cómo debió haber sido?

La idea del reemplazo es el cambio de función. O sea, un trabajador de la empresa puede ser cambiado de su puesto de trabajo a uno distinto; cambiarle su cargo en función de sus habilidades y sus destrezas, lo que además se puede desarrollar en una jornada distinta y en otro recinto. Eso hubiera sido un reemplazo interno más eficiente, pero como lo redactó el Gobierno es igual a nada. Se le dieron garantías al trabajador, pero al empleador ninguna.

¿Lo que despachó la Comisión de Trabajo del Senado restringe aún más el reemplazo?

Lo que aprobó la Comisión de Trabajo es muy similar a lo que aprobó la Cámara, o sea una huelga sin reemplazo externo ni interno, o con un reemplazo interno muy disminuido y debilitado.

¿Se mantienen riesgos de inconstitucionalidad en la extensión pactada de beneficios?

El Gobierno morigeró esa propuesta en septiembre, con dos reglas. Una tiene que ver con la posibilidad de que si el empleador ofrece reajustabilidad por IPC puede extender ese beneficio a los demás trabajadores. Además, si un trabajador acuerda condiciones individuales sobre la base de factores objetivos, como mejor desempeño, es plausible acordar esas mejoras sin que fuera considerada una práctica antisindical. Pero con esas dos reglas no se resuelve el problema, pues técnicamente para que a un trabajador se le puedan extender los beneficios tiene que ser parte del sindicato y se fuerza a ello para tener los beneficios colectivos. El Tribunal Constitucional (TC) podría echar abajo esta norma.

¿Cómo cree que se implementará esta restricción en la empresa?

Con eso lo mejor para un empleador va a ser la creación de un sindicato vertical, amarillo, con el cual pueda acordar condiciones colectivas y se acabó el problema. Al final, le vamos a hacer el favor a Bárbara Figueroa (presidenta de la CUT), se va a cumplir la regla, pero de una manera absurda. Hoy la gente no cree en los colectivos, obligar a la gente a estar agrupada en el colectivo no es lo ideal.

¿Hay más incertidumbre si el proyecto llega a Comisión Mixta?

Es probable que el proyecto en la Sala no sea despachado del modo que lo aprobó la Comisión de Trabajo y cuando llegue a la Cámara hay diputados que van a querer mantener el original y eso va a provocar una Comisión Mixta. Y a la vez está presente el riesgo de que lo aprobado por la Comisión Mixta pueda ser objetado por el TC. Éste es un proyecto que tiene un resultado incierto en todas sus fases.

¿Cómo cree que está viendo el mundo empresarial este proyecto?

El mundo empresarial ve que esto genera problemas de todo orden, de crecimiento, de desarrollo, de conflictividad, de productividad. Desde el punto de vista del empleador no se ven razones que justifiquen esta reforma, salvo las razones ideológicas que puedan tener el PC y el PS para generar una mejora electoral.