Un nuevo propósito para la salmonicultura
Chile: Cristóbal de la Maza afirma que la industria debiera abrazar con fuerza la meta para 30% de la superficie del planeta protegida y instalar la conservación de ecosistemas como un nuevo propósito.
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*Columna de opinión para Salmonexpert de Cristóbal de la Maza, Ingeniero Civil Industrial, consultor, académico, ex superintendente del Medio Ambiente.
Estamos viviendo tiempos de transformación profunda. La crisis ecológica y climática imperante exige el compromiso de todos los actores. Se requiere un esfuerzo mancomunado para que, con determinación y sentido de urgencia, avancemos hacia un desarrollo sostenible. La buena empresa debe también aportar a dar solución a los grandes desafíos sociales y ambientales de nuestra era. Con su motor de emprendimiento e innovación, el sector privado debe poner sus capacidades al servicio del bien común, y no únicamente a entregar valor económico a sus colaboradores e inversionistas.
Existen diversos limites planetarios que han sido ampliamente transgredidos en el último siglo, uno de ellos es la masiva pérdida de biodiversidad que se está experimentando a nivel global. Existe amplio consenso científico que nuestros ecosistemas se han degradado a tasas extremadamente aceleradas en las últimas décadas, poniendo en jaque los servicios que estos prestan a la comunidad. Dar solución a esta tragedia no puede dejar a nadie indiferente. Así lo consideraron últimamente los 196 países miembros de las Naciones Unidas, que, con el objetivo de activar la capacidad natural de los ecosistemas de regenerarse, acordaron proteger el 30% de la superficie del planeta al 2030.
La industria del salmón debiera abrazar con fuerza el cumplimiento de esta meta y instalar la conservación de nuestros ecosistemas como un nuevo propósito. A pesar de innegable aporte a nuestra economía, diversos han sido los cuestionamientos a la gestión ambiental de la salmonicultura. Diferentes casos han mostrado brechas en el cumplimiento de la normativa ambiental en el manejo de residuos, límites de producción, seguridad, y localización de instalaciones. Si bien una proporción relevante de empresas mantienen un desempeño acorde a lo exigido, aún persisten graves situaciones que deben ser corregidas.
Sin embargo, ya no basta con cumplir la ley. Ese es el mínimo ético. Un 30% de las concesiones otorgadas, se emplazan en áreas bajo alguna categoría de conservación. Esto, por cierto, no implica que todas ellas se encuentren activas o que necesariamente generen impactos significativos. En parques nacionales existen 19 concesiones en Alberto De Agostini, 4 en Laguna San Rafael y 4 en Magdalena. En tanto, 317 concesiones se emplazan en la Reserva Forestal Las Guaitecas, 67 en la Reserva Nacional Kawésqar, 8 en el área marina costera protegida Pitipalena-Añihue y 5 en el Fiordo Comau. Un espacial cuidado debiera ser impuesto para su operación. Se debe avanzar en determinar mayores estándares exigibles para la operación de proyectos dependiendo del territorio donde se emplazan.
Para parques nacionales, si bien la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente no prohíbe expresamente el desarrollo de actividades productivas, la Convención de Washington para la protección de la flora, la fauna y las bellezas escénicas naturales de América, ratificada por Chile, impide que especies exóticas como salmones puedan ser cultivadas en su interior. Si es incompatible esta actividad en parques nacionales para nuevas operaciones, no hace sentido que se considere adecuada para existentes. No obstante, esto no puede ser impuesto retroactivamente a la treintena de concesiones otorgadas. Sumándose a empresas como Cooke o Aqua, el sector demostraría un gran compromiso ambiental, si decidiera de manera voluntaria comprometer que abandonará la actividad en parques nacionales.
En el caso de áreas protegidas en categorías menos estrictas como reservas nacionales, la legislación si autoriza la operación de estas instalaciones mientras se resguarde su objeto de protección. Para que se garantice esto, necesariamente deben establecerse exigencias acordes, que permitan resguardar que no se generen impactos significativos en estos territorios. Esto obligatoriamente debe incluir un monitoreo ambiental intensivo, que permita activar de manera temprana acciones que eviten impactos no previstos en el proceso de evaluación ambiental. El mismo criterio es aplicable a zonas de alto riesgo climático, que podrían requerir mayores exigencias que proyectos emplazados en zonas consideradas seguras.
A su vez, siguiendo el reciente pronunciamiento del Tercer Tribunal ambiental en sentencia contra la empresa Nova Austral (3TA-R-16-2021-R-17-2021), de acuerdo a los principios preventivos y precautorios, la operación en reservas nacionales debe realizarse cautelando que no se generen impactos sinérgicos y acumulativos producto de la operación de múltiples proyectos. Se debe avanzar entonces en resguardar que la densidad de instalaciones, no implique impactos para el ecosistema. Más aún, sería una señal muy poderosa que las empresas activas se comprometan a generar beneficios netos positivos de su operación, aportando de manera compensatoria a la regeneración de otras zonas degradadas.
Estas mayores exigencias a nivel territorial, entregarían mayor certeza a inversionistas y mayor legitimidad al desarrollo futuro de la industria. No obstante, ello, la sociedad civil también debe aportar lo suyo a aislar visiones radicales que proponen eliminar esta actividad productiva del todo. Sólo si concordamos que es posible conciliar el desarrollo económico con el cuidado del medio ambiente, será posible alcanzar resultados concretos. La protección de la naturaleza no resiste poner el énfasis en lo que nos distancia, y la única acción radical que debiera priorizarse es una profunda colaboración en pos de la conservación.
