“Sin estrategias de cumplimiento ambiental es muy difícil alcanzar una operación sustentable”

En una sala con cerca de ochenta asistentes en el hotel Solace de Puerto Varas, Jorge Luis Varela dirigió un seminario sobre problemas y soluciones en el cumplimiento de normativa ambiental.

Organizado por Aquagestion, el objetivo del taller fue entregar herramientas y recomendaciones aplicables a las empresas, respecto de estándares exigidos por la autoridad medioambiental, con el fin de analizar situaciones complejas, adecuar sus sistemas a las nuevas exigencias y de esta manera evitar sanciones.

Varela es abogado de la Universidad Católica de Chile, Doctor en Derecho Público-Ambiental y Master in Laws in International Environmental Law-MLS, del  Washington College of Law of the American University. En conversación con Salmonexpert, repasó los principales aspectos relacionados con el estado de la fiscalización y evaluación ambiental en el país.

Fue enfático en señalar que cualquier accidente o incumpliendo relacionado con el área medioambiental debe ser notificado lo más pronto posible a las Autoridades. “Es un grave error suponer que la Autoridad no se enterará sobre un caso de incumplimiento”, dijo.

Añadiendo que, “la empresa es un ente dinámico y es causa estructural de riesgo, en especial las que basan su operación en la producción. El giro de las empresas acuícolas y salmonicultoras es inherentemente riesgoso”.

¿Qué tan sólido es el sistema de evaluación medioambiental en Chile?

El sistema de evaluación ambiental en Chile es completo, sobretodo comparándolo con el de otros países. Logra determinar potenciales deficiencias de los sistemas productivos de las empresas y prevenir eventuales incumplimientos de las mismas en el desarrollo de sus proyectos específicos.

Sin embargo, a medida que han pasado los años se han ido detectando muchas deficiencias en el sistema de evaluación.

Desgraciadamente en Chile ocurre algo muy difícil de controlar, que pasa especialmente en países que tienen tanta normativa aplicable como el nuestro, y es que se van haciendo reformas sin hacer un estudio de si hay consistencia o compatibilidad entre lo que entra a regir con lo que regía antes. Lamentablemente, pocas veces lo que entra a regir, deroga o elimina lo anterior.

¿Y en cuanto a fiscalización ambiental, contamos con las herramientas suficientes?

Pienso que no. Aquí hay una doble historia. Uno puede examinar o expresar la opinión del sector privado y del sector público.

El sector privado considera que efectivamente hay excesiva fiscalización, sobretodo a ciertas industrias primarias o de commodities, especialmente minería y acuicultura. El financiamiento público para la fiscalización ha aumentado mucho, pero el sector privado dice también y objeta otra cosa que es muy cierta, y es que este país tiene mucha normativa y entes fiscalizadores.

Por ejemplo, solo en Puerto Montt, centro de la industria acuícola y salmonciultora del país, hay muchos órganos que tienen atribuciones fiscalizadoras respecto de normas que deberían ser fiscalizadas por un solo órgano. Esto ocurre porque las leyes dan atribuciones de fiscalización a muchos órganos, eso es parte de esta sobrerregulación.

Desde el punto de vista público, los fiscalizadores consideran que no pueden cumplir bien con su función porque carecen de los recursos necesarios. La normativa ambiental convive de una manera muy complicada con la normativa sectorial, porque se inventó un sistema de fiscalización encomendada o mandatada. El organismo central de fiscalización ambiental es la Superintendencia de Medio Ambiente, pero como esta última no tiene la capacidad de fiscalizar siempre la normativa ambiental, delega, encomienda o mandata a órganos sectoriales, a Sernapesca en este caso, y ahí es cuando se generan problemas, en que los regulados, ósea las empresas, tienen confusión de que si esa fiscalización es ambiental o sectorial.

Demás está decir que también están involucrados en este proceso componentes fiscalizadores no civiles, como la autoridad marítima, quienes también tienen competencia en el área. Otro componente más que puede prestar a confusión.

Lo más relevante, es que como defensa de estos procesos de fiscalización, la norma y la ley está muy subutilizada y se han planteado muchos instrumentos o herramientas de defensa para ofrecer a la autoridad cumplimientos alternativos, que no significa dejar de cumplir la norma, sino que hacerlo en condiciones especiales de cumplimiento, tal como la autodenuncia ambiental.

¿Como pueden las empresas acuícolas reforzar sus practicas ambientales?

Hace muchos años, el problema estaba centrado en lo ambiental, en el cómo reforzar lo ambiental para que las empresas se puedan preocupar del factor de gestión y normativa ambiental. Eso llegó con los años por fuerza de los hechos, y hoy en día todas las empresas acuícolas tienen departamentos o unidades, o incluso una gerencia o división ambiental.

Ahora, detecto la necesidad de que ocurra lo mismo con lo normativo. La forma como las empresas pueden sobrellevar este reto, es ir comprendiendo que tienen que tener a bordo de la empresa un área de gestión normativa y análisis normativo preventivo, en que se haga un análisis y contemple el factor de cumplimiento normativo preventivo, de cuáles son las jerarquías de las normas que tienen, cuál es la criticidad y cuáles se deben cumplir de maneras más urgente que otra.

Toda la normativa por supuesto hay que cumplirla, de una u otra manera. Hay algunas que requieren mucho mayor prioridad y mayor atención que otras, porque son aquellas que se pueden derivar en una sanción o en una gravedad por su incumplimiento mucho mayor que otras.