¿Qué implica para la salmonicultura un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas?

En el 2011 se ingresó el primer proyecto de ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Luego, en el 2014 se ingresó un nuevo proyecto de ley. Este nuevo documento fue aprobado en el 2017 por las Comisión de Medio Ambiente, mientras que en el 2019 fue ratificado por la Comisión de Hacienda y por la Sala del Senado, contando este además con un informe complementario de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Medio Ambiente, el proyecto de ley fue aprobado en general por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados y actualmente se encuentra en su discusión en particular. Durante la tramitación del proyecto, en el 2016 se realizó un proceso de consulta indígena a nivel nacional, que duró 11 meses y permitió importantes acuerdos que fueron recogidos en el actual proyecto de ley. Además, se constituyó una Comisión Asesora Parlamentaria, coordinada por el Ministerio del Medio Ambiente y conformada además por representantes de las ONG, academia y parlamentarios, cuya misión fue proponer mejoras al proyecto de ley.

La creación del SBAP ha sido un compromiso transversal, presente en los tres últimos programas de Gobierno y que la actual administración lo catalogó como urgencia legislativa.

Al respecto la Dra. Doris Soto, ecóloga e investigadora principal del programa Integrativo del Centro Incar, comentó a Salmonexpert que la creación del SBAP era largamente esperada. “Tener un SBAP significa atenderlas mejor y ocuparse de ellas de manera más específica. Un servicio de este estilo, debería velar mejor por la existencia y el bienestar de las áreas protegidas”.

La investigadora aseveró que, lo anterior, es independiente de la decisión que tome el Estado de permitir o no que se desarrolle la salmonicultura en áreas protegidas. “Cuando el SBAP exista, deberá asegurarse que las áreas que están bajo un criterio de conservación y protección de su biodiversidad cumplan con esta característica”.

A juicio de la profesional, la existencia de muchos entes gubernamentales que intervienen en las áreas protegidas, es parte del problema. “Es necesario clarificar la institucionalidad, es algo urgente. Muchos de los temas que atañen al borde costero y al mar interior y que incluyen a la acuicultura, no tienen una institucionalidad clara que se preocupe del funcionamiento de los ecosistemas. Con todos los conflictos que se han suscitado con las salmonicultura, desafortunadamente no tenemos un sistema estatal que nos permita decir con tranquilidad que los ecosistemas no han sufrido daño significativo”.

Según menciona la Dra. Soto, toda la información relevante esta disgregada. “No hay un sistema que nos permita saber que los ecosistemas están sanos. En este sentido, las Áreas Protegidas cumplen un rol fundamental, ya que se protegen aquellos organismos y especies que pudieran ser afectadas con cultivo intensivo de peces. Por ello, tienen un valor muy importante".

La investigadora mencionó igualmente que, para la acuicultura y en particular para la salmonicultura, y lo que se desarrolle en mares interiores, el Centro Incar está llevando a cabo un seminario de lanzamiento de un policy breef para que existan normas secundarias para los mares interiores. “De tal manera que exista un programa de seguimiento permanente. Estas normas tendrán que tener estándares mucho más exigentes en Áreas Marinas Protegidas. Si bien actualmente hay sistemas de monitoreo, seguimientos ambientales, los esfuerzos que hace el Ifop, no existe una integración de la información y no podemos hablar con propiedad sobre el estado de cada ecosistema y menos desde la perspectiva de la conservación de la biodiversidad”.

“Si existiera un sistema de información efectivo, eficiente, transparente y al cual se le confíe una inversión mucho mayor a la que existe actualmente, pensando solamente en lo que genera la salmonicultura, permitirá decir con mayor propiedad si la situación es positiva o hay que preocuparse. Esto ayudaría a la imagen del sector salmonicultor y a la tranquilidad de la comunidad”, aseguró la Dra. Doris Soto.

Actividades económicas

Por su parte, para la Dra. Jeanne Simon, investigadora asociada de la línea sustentabilidad socioeconómica del Incar y experta en gobernanza y políticas públicas, la creación del SBAP pondría reglas claras, combinando toda la protección de la biodiversidad y áreas protegidas en un solo servicio. “Actualmente, intervienen en esta materia cinco ministerios, lo que hace muy difícil fiscalizar y controlar. En el caso de la salmonicultura, ha habido un aumento en el requerimiento de concesiones en áreas de importancia ecológica, por lo que el SBAP tendrá un rol importante para que el otorgamiento sea transparente”, afirmó.

De acuerdo con lo anterior, ese proceso involucrará a la comunidad, a los municipios y sectores públicos y entrega una responsabilidad de fiscalización al servicio. “Se busca generar mayor confianza y legitimidad en la institucionalidad ambiental”, recalcó.

Según lo planteado por la investigadora, el Sernapesca seguirá en su rol fiscalizador de los centros de cultivo, pero si los centros están cerca o afectan áreas protegidas o de prioridad ecosistémica, genera la obligación de SBPA de fiscalizar y denunciar. “La ley plantea mayor presupuesto para el desarrollo de este servicio. Pero también, por otra parte, la ley busca ser compatible con industrias sostenibles, favoreciéndolas y no estando en contra de las actividades económicas o la salmonicultura en este caso. Busca que la instalación de los centros de cultivo no generen afectación a las zonas de importancia ecosistémica. En el caso de que una concesión ya otorgada se encuentre en un área protegida, se dará la opción de relocalización”, indicó la Dra. Jeanne Simon.