Salmonicultores preocupados por proyectos que buscan excluirlos de áreas protegidas

Una propuesta para fusionar los tres proyectos que actualmente se discuten en el Congreso, y que tienen que ver con la actividad acuícola, en particular con la salmonicultura, hizo ante la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, Carlos Odebret, representante de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes.

Durante su exposición, y hablando en calidad de invitado a la sesión de este miércoles de la comisión que discute un proyecto ingresado por el Presidente de la República, Sebastián Piñera, que busca modificar la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de protección ambiental y el desarrollo económico y social en áreas silvestres protegidas en cuyos límites se hayan otorgado concesiones de acuicultura, Odebret planteó que “sería bueno para poder tener un orden en la discusión, poder fusionar este tipo de proyectos” para tener una sola discusión,  “con un amplio debate para poder resolverlo”.

“Vemos con preocupación” que hay tres proyectos en trámite con respecto a la misma materia además del enviado por el Gobierno, dijo Odebret y detalló “una moción de los senadores (Alfonso) De Urresti y (Ximena) Órdenes y uno del diputado (Jorge) Brito, que busca justamente excluir a la salmonicultura de las áreas protegidas y otro que también pertenece a la senadora Órdenes que busca exactamente lo mismo”.

“Tenemos que mirar hacia el futuro”, afirmó el ejecutivo quien llamó a resolver temas que le restan competitividad a los productores chilenos en un escenario internacional en que además de haber surgido nuevos actores en el mercado hay ambiciosos planes de los líderes mundiales, como los productores noruegos, que para el 2050 proyectan producir 5 millones de toneladas al año.

Odebret fue enfático en que “las concesiones que existen han sido otorgadas por el Estado. La industria no decide dónde producir, quién decide dónde ubicarse, es el propio Estado, a través de la creación de las áreas apropiadas para la acuicultura. Es decir, el espacio donde está la industria hoy día está definido por el propio Estado y en la región de Magallanes y en todo el país en general, las concesiones que han sido otorgadas dentro de lo que hoy día son reservas han sido otorgadas bajo la vía legítima, son válidas y están ajustadas a derecho”.

En la sesión expuso también la investigadora Doris Soto, del Centro Incar, quien afirmó que “para asegurar sustentabilidad es necesario conocer la capacidad del ecosistema para sostener la actividad y los riesgos implicados. No basta hablar de una concesión sustentable, definitivamente no es suficiente y cuando se habla de concesiones sustentables es necesario tener más información sobre qué indicadores se van a usar para definir sustentabilidad”.

“Suponemos que todas las concesiones, no sólo las que van a estar en áreas de algún grado de protección, van a tener que ser sustentables y más sustentables”, enfatizó, “para no tener que enfrentar problemas en el futuro, especialmente pensando en el tema del cambio climático”.

Pero alertó que “la investigación que estamos haciendo y los monitoreos que estamos haciendo son absolutamente insuficientes para la producción de salmones que tenemos”. “Tenemos que mirar la capacidad de los cuerpos de agua y aquí va a haber que darle una vuelta a la normativa para la acuicultura en Chile” y agregó que se desconoce exactamente cuál es “el área que usa la acuicultura intensiva, que  es mucho mayor que el área de las concesiones”.

“No tenemos información suficiente. Quiero recalcar esto sobre el impacto de la acuicultura, especialmente en Magallanes. No tenemos suficiente información y hay que dejarlo muy claro. No existen sistemas de monitoreo permanente para evaluar el estado de salud de los ecosistemas”, por lo que “tendríamos que tener un sistema monitoreo del cuerpo de agua permanente en todos aquellos que sostienen la agricultura hoy día en Chile.

Las áreas marinas protegidas cumplen una función no solamente de protección y conservación, sino también presentan una oportunidad fundamental para monitorear efectos del cambio climático en ausencia de otras actividades antrópicas. 

Por su parte, y en representación del Consejo del Salmón, Joanna Davidovich, su directora ejecutiva, aseveró que “la salmonicultura es un motor de crecimiento en la macro zona sur (…) que las concesiones acuícolas actualmente son sustentables y la regulación ha ayudado en eso. Y las mejores prácticas (de las empresas) cada vez también están ayudando en eso; siempre es perfectible, por supuesto”.

Y alertó: “creemos complejo distinguir entre concesiones actuales con toda la regulación que ya existe para estos objetivos planteados, y concesiones sustentables, como se ponen en el proyecto”. Tanto Odebret como Davidovich apuntaron también a la “operación mínima” como una regla que “aumenta los riesgos medioambientales y sanitarios, estresando a la autoridad fiscalizadora, estresando a las empresas, estresando al sistema, aumentando los riesgos sanitarios, los riesgos medioambientales”.

Ambos ejecutivos apuntaron también al crecimiento exponencial que han tenido las superficies de áreas protegidas, que se concentran en el extremo sur del país, coincidiendo con las regiones donde desarrolla prioritariamente su actividad. “Ocupa un espacio pequeño y genera una gran, un gran potencial económico”, dijo Odebret.

Ambos se refirieron a las relocalizaciones, que existiendo en la actual regulación desde hace más de una década, tiene “múltiples solicitudes en trámite y no se han podido realizar, no se han podido conceder”.