Salmonicultura chilena: la necesidad imperiosa de crecimiento sostenible bajo una licencia social

La salmonicultura en Chile, segunda mayor exportadora mundial, ha sido un motor clave para el desarrollo económico y social del sur del país, alcanzando una posición privilegiada a nivel mundial. Sin embargo, el camino no ha estado exento de desafíos ambientales, sociales y normativos que han generado tensiones y la necesidad de una transformación profunda.

En el reciente AquaForum, evento que tuvo una multitudinaria asistencia de representantes de la industria, autoridades locales y nacionales, expertos analizaron el estado actual del sector y discutieron las estrategias necesarias para asegurar su sostenibilidad, alineando las expectativas de las comunidades, las demandas internacionales y las políticas públicas.

La directora de Sernapesca, Soledad Tapia, resaltó los avances de la salmonicultura chilena, destacando que “la sostenibilidad es la clave para mantener el éxito exportador”.

Con más de US$6 mil millones en exportaciones el último año, Tapia enfatizó la importancia de un enfoque colaborativo y transparente. “El diálogo con las comunidades es esencial para construir confianza y avanzar hacia una gobernanza moderna. También el impacto positivo de alianzas público-privadas, como el reciente ingreso al exigente mercado australiano, logro que requirió dos años de preparación”.

La autoridad llamó a los actores locales a participar activamente en las discusiones regulatorias, destacando que “la construcción de una nueva ley de acuicultura debe incluir las voces de los territorios. Además, es necesario educar a las futuras generaciones para promover soluciones innovadoras y sostenibles. La ciencia, las universidades y los jóvenes son el motor del cambio”.

“La transparencia es un factor indispensable para ganar la confianza de la ciudadanía. La sostenibilidad no es opcional. Es la validación que nos permite acceder a mercados internacionales de alta exigencia. Y no menos importante, se debe fortalecer los lazos entre la industria y las comunidades locales”, acotó Soledad Tapia.

Teodoro Wigodski, académico y autor de “Salmón chileno: Responsabilidad compartida”, centró su intervención en la importancia de la licencia social para operar, un concepto que considera fundamental para el futuro del sector. “Sin la aprobación de las comunidades, incluso con todos los permisos legales, un proyecto puede fracasar. Conflictos del pasado, como el virus ISA, minaron la confianza pública en la industria”.

“Los errores iniciales de la industria han dejado lecciones valiosas, pero también desafíos pendientes. Chile dejó de crecer en comparación con otros países salmonicultores porque las restricciones regulatorias y los tiempos burocráticos han frenado el desarrollo. La clave está en simplificar procesos y garantizar la transparencia en cada etapa de producción”, enfatizó el experto.

A juicio del profesional, la licencia social no se compra; se construye con honestidad y diálogo. “El desarrollo del sector depende de su capacidad para adaptarse a las demandas sociales y ambientales. He aquí la necesidad de una agenda regulatoria basada en la ciencia y el aprendizaje de otros países, especialmente Noruega”.

Conversatorio

Durante el conversatorio “Aprendizajes y perspectivas para el desarrollo integral del sur de Chile: Lo que espera la sociedad de la industria salmonera”, moderado por Ramiro Mendoza, Abogado y Socio en Momag Abogados y ex Contralor General de la República de Chile, Elisa Giesen, Gerente de Consultoría y Socia en Gestión Social, presentó los resultados del estudio Valor Productivo, que evalúa cómo las principales industrias chilenas, incluida la salmonicultura, son percibidas por la ciudadanía. Según Giesen, el sector es valorado por su aporte económico y generación de empleo, pero enfrenta críticas en temas ambientales, dado que el 28% de los encuestados confía plenamente en la industria, pero es insuficiente para garantizar su legitimidad.

Legislación de acuerdo con los tiempos

El primer módulo del seminario, “Legislación de acuerdo con los tiempos: ¿cómo proyectar la sostenibilidad futura del sector salmonicultor? fue moderado por Javier Naranjo, abogado y ex Ministro de Medio Ambiente.

En la instancia, Jessica Fuentes, abogada e investigadora asociada del Centro Incar, ofreció una detallada revisión de los vacíos en la regulación de la salmonicultura. “La normativa actual es reactiva y fragmentada, lo que genera ineficiencia e incertidumbre para el sector. Aunque se han logrado avances desde la crisis del virus ISA, la sobrecarga regulatoria limita la innovación y la autonomía del sector privado”.

De acuerdo con lo manifestado por la profesional, es necesario desvincular los permisos territoriales de los productivos, para aumentar la flexibilidad frente al cambio climático. “La capacidad de carga de los cuerpos de agua debe ser un factor clave en las decisiones regulatorias”, señaló, haciendo hincapié en la necesidad de digitalizar los procesos administrativos, facilitando el flujo de información entre autoridades e industria.

“Las decisiones deben basarse en ciencia, pero también en una gobernanza colaborativa que integre las voces de todos los actores. Asimismo se deben optimizar los mecanismos de fiscalización, implementando un sistema de sanciones proporcional y justo que fomente el cumplimiento normativo en lugar de priorizar la penalización”, expuso la especialista.

Por su parte, Constanza Silva, jefa de la división de acuicultura de Subpesca, destacó los avances en la actualización de la política nacional de acuicultura, desarrollada en colaboración con la Universidad Católica y talleres regionales participativos. “La participación territorial ha sido clave para identificar las necesidades locales y proyectar una salmonicultura sostenible. El sector debe enfocarse en una regulación específica, que deje atrás el marco general de la Ley de Pesca”.

“La diversificación productiva y el uso de tecnologías innovadoras para enfrentar desafíos como el cambio climático es algo que debe fomentarse. La salmonicultura tiene el potencial de ser parte de la solución al cambio climático, pero necesitamos una regulación que permita flexibilidad y adaptación”, explicó Silva.

Según Constanza, se debe reforzar la educación y la difusión de los beneficios de la salmonicultura, ya que La industria debe ser reconocida no solo por su impacto económico, sino también por su contribución a la seguridad alimentaria y al desarrollo de las comunidades locales.

El fiscal de AquaChile, Álvaro Varela, resaltó que la salmonicultura es esencial para satisfacer la creciente demanda global de proteínas sostenibles. “El salmón chileno es un embajador del país en el mundo, y nuestra industria tiene un rol clave en la seguridad alimentaria global. La producción de salmón ha transformado comunidades aisladas, mejorando su conectividad y calidad de vida”

“Para avanzar, se deben fortalecer las certificaciones internacionales y adoptar tecnologías que minimicen el impacto ambiental. La sostenibilidad debe ser el eje central, integrando innovación en todas las etapas de la producción. Se necesita también una planificación en el uso de zonas de cultivo para reducir los impactos acumulativos y mejorar la capacidad productiva. Todos sabemos que la salmonicultura chilena tiene un historial de resiliencia frente a las crisis. Ahora debemos enfocarnos en construir un futuro basado en la ciencia, la colaboración y una gobernanza sólida”, propuso Varela.

Finalmente el presidente de la Multisindical de Trabajadores del Salmón, Alejandro Santibáñez, destacó la importancia de los derechos laborales y el impacto social de la salmonicultura. “Cada persona involucrada en esta industria trabaja para alimentar y cuidar a sus familias, y eso es lo que nos mueve a todos. Por ello es tan necesaria la generación de empleos dignos y estables ya que son la base para el desarrollo del sector”.

“Como trabajadores, queremos que se tome en cuenta nuestra voz en la toma de decisiones regulatorias. No podemos construir una nueva ley sin considerar a quienes están en las pisciculturas, los centros de cultivo y las plantas de proceso. Queremos una industria que crezca, pero de manera sostenible y justa, donde todos los actores puedan aportar al desarrollo de sus comunidades”, concluyó Santibáñez.

“Las percepciones varían según la región. Mientras que en las zonas salmonicultoras hay un mayor reconocimiento del impacto positivo, en la capital de Chile predominan las críticas. El arraigo local de la industria debe ser mejor comunicado al resto del país, reforzando las acciones de responsabilidad social y ambiental”, apuntó Elisa.

A su juicio, el sector debe comprometerse a generar valor compartido, tanto en términos económicos como sociales. “El reconocimiento ciudadano no solo se mide en cifras, sino en la calidad del impacto que perciben las comunidades. El llamado es a trabajar y seguir trabajando en iniciativas que fortalezcan su relación con los territorios”.

Por su parte, Ricardo García, vicepresidente de Salmones Camanchaca, abordó el papel de la salmonicultura en el contexto global, destacando la urgencia de producir alimentos de manera sostenible. “El sistema alimentario terrestre es responsable de un tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero. Nosotros debemos liderar la producción marina como alternativa sostenible”.

García hizo énfasis en que la industria chilena tiene una obligación moral de aumentar su producción, dadas las ventajas naturales del país y la creciente demanda mundial de proteínas marinas. No obstante, igualmente abordó la necesidad de eficiencia operativa y excelencia ambiental “Cumplir con la normativa es el mínimo; debemos exceder las expectativas del ciudadano global”.

“El crecimiento de la industria debe ir acompañado de un ordenamiento territorial que optimice el uso de los recursos y minimice los impactos ambientales. Chile debe decidir cómo quiere posicionarse en el futuro: como un líder global en sostenibilidad o como un actor secundario”, concluyó García.

Carlos Odebret, presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, defendió el crecimiento del sector como una necesidad para asegurar su sostenibilidad económica y social, dado que el crecimiento no es solo un objetivo económico, es un compromiso con el desarrollo de las comunidades que dependen de esta actividad.

“El uso responsable de bienes comunes, como el agua, debe ser una prioridad en la planificación del crecimiento. Se requiere también implementar un sistema regulatorio basado en datos científicos y diseñado para fomentar la innovación. La regulación reactiva nos estanca; necesitamos un marco normativo que promueva la excelencia y la sostenibilidad”, explicó el directivo.

Odebret enfatizó en la construcción de valor compartido con las comunidades locales, proponiendo mecanismos que aseguren beneficios tangibles en las regiones donde opera la industria, pues, a su parecer, el futuro de la salmonicultura depende de su capacidad para generar confianza y valor a nivel territorial.

Rodrigo Pinto, director corporativo del Consejo del Salmón, subrayó la importancia de superar el estancamiento productivo del sector, que ha enfrentado una regulación dispersa y poco coordinada.

“En los últimos cinco años, la industria ha alcanzado su límite de producción, y el crecimiento se ve frenado por una regulación densa y compleja. La solución a esto requiere un compromiso político claro, similar al de países como Noruega y Escocia, que han incrementado su producción a través de estrategias de Estado”, manifestó el profesional.

Pinto explicó que el crecimiento debe ser compatible con el cuidado del medio ambiente y otros usos territoriales como el turismo y la pesca, ya que no es solo un tema económico; sino que se necesita un esfuerzo común entre el sector público y privado para desarrollar las comunidades.

“Debemos abordar la brecha de confianza entre las regiones productoras y el resto del país mediante campañas de comunicación efectivas que resalten los beneficios de la salmonicultura. Debe haber una alianza estratégica entre gobierno e industria porque sin una visión compartida, será imposible enfrentar los desafíos globales que afectan al sector”, dijo Pinto.

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