Salmonicultora impugna decisión judicial que suspende ciclo productivo en nueve centros
Cooke Chile rechazó “la aplicación de sanciones desproporcionadas por un presunto retraso, de un día en algunos casos y dos en otros, en entregar información estadística”.
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La semana pasada, se dio a conocer una sentencia del Juzgado de Puerto Aysén que condenó suspensión de operaciones de un ciclo productivo en nueve centros, entre ellos dos al interior el Parque Nacional Laguna San Rafael.
La sentencia, del 25 de enero y que se inició por denuncia de Sernapesca, afecta los centros Ballenas 3, Explorer River Salmon 5, Explore River Salmon 1, Mentirosa 1, Mentirosa 3, Punta Caldera, Punta Garrao, Huillines 2 y Huillines 3.
Tras la consulta de Salmonexpert, desde la empresa respondieron que rechazan de forma categórica “la aplicación de sanciones desproporcionadas por un presunto retraso, de un día en algunos casos y de dos en otros, en la entrega de una información estadística, el cual no tuvo consecuencias ni efecto negativo alguno. La sanción implica la suspensión de operaciones por 24 meses de nueve de sus centros de cultivo”.
Cooke aclaró que se cumplió con la entrega semanal de los datos requeridos por la autoridad, tal como lo establece la reglamentación vigente. Además, expresó su preocupación por lo que considera un trato injusto.
“Si alguien tenía dudas del ensañamiento que debemos enfrentar en contra de Cooke, este último episodio retrata de cuerpo entero el ánimo persecutorio en contra de nuestra empresa. Tampoco es aceptable que las ONG’s ambientalistas, contrarias a la salmonicultura, tengan como patrón de conducta atacar comunicacionalmente, tergiversando la realidad, para hacer aparecer a las empresas como infractoras de la normativa ambiental, en circunstancias que nuestro compromiso permanente es respetar siempre el entorno natural”.
Lo anterior, dado que La campaña Salvemos la Patagonia difundió el viernes que se conocieron más causas administrativas y judiciales “que ponen en duda los cumplimientos ambientales de Cooke Aquaculture Chile en los lugares donde opera”.
Adicionalmente, Cooke cuestionó la proporcionalidad de la sanción anunciada: “¿en qué país civilizado, que promueve el funcionamiento normal de las actividades productivas, es concebible que el Estado ordene el cierre de una empresa por un atraso de dos días en la entrega de un formulario? Es de público conocimiento que existen organismos estatales que se retrasan más de 10 años en otorgar un permiso y nadie ha solicitado que sean cerrados por esta razón. Sin ir más lejos, el Estado demoró más de trece años en tramitar la relocalización de nuestras concesiones”.
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Finalmente, Cooke manifestó que “esta sanción no es definitiva y ha sido impugnada judicialmente por la empresa -en la Corte de Apelaciones de Coyhaique-, porque es desproporcionada y expropiatoria. Además, sostuvo que la medida contradice los plazos establecidos en el reglamento realmente aplicable, los cuales siempre y en todo momento han sido cumplidos por Cooke”.
Estos hechos fueron constatados durante la fiscalización realizada por Sernapesca, que abarcó las semanas 26 a 29 del año 2023, donde se evidenció retrasos en los reportes de mortalidad, lo que se consideró una infracción a la normativa actual. En concreto fueron "un total de 36 declaraciones fuera de plazo, habida consideración de un total de 4 periodos de mortalidad declarados (fuera de plazo) por cada uno de los 9 (nueve) centros de cultivo".
Como agravante, a ese momento "ya contaba con incumplimientos en la fecha de entrega… en el centro de cultivo denominado Erasmo 01".
Según explicaron profesionales de Sernapesca en el juicio, la entrega de información a tiempo en los centros de cultivo es esencial para "conocer el detalle de la mortalidad generada como consecuencia de diferentes eventos o situaciones desfavorables que pueden afectar la condición sanitaria del plantel, lo cual es fundamental para lograr establecer medidas de fiscalización y control oportunas". También, para implementar "los procedimientos tendientes a prevenir la diseminación de agentes patógenos (biocontención) y reforzar la vigilancia para la detección temprana de enfermedades de alto riesgo en caso de ser necesario, con el objetivo de resguardar el patrimonio sanitario y ambiental del país".
