Funcionarios de Subsecretaría para las Fuerzas Armadas denuncian exclusión del Gobierno

Las Asociaciones de Funcionarias y Funcionarios pertenecientes a la Subsecretaría para Las Fuerzas Armadas, acusó que mediante e-mail de fecha 7 de noviembre, del asesor del Subsecretario para las Fuerzas Armadas convocó a las cinco organizaciones gremiales de la SS.FF.AA. para una reunión el 12 de este mes a las 15:00 horas, a solicitud del Gabinete de la ministra de Bienes Nacionales en el contexto de la tramitación del proyecto de ley sobre Administración del Borde Costero y Concesiones Marítimas (Boletín N° 8.467-12).

En este contexto las organizaciones gremiales hicieron presente que, desde la activación en el marco del Pacto Fiscal del señalado proyecto de ley, solicitaron una participación real de manera infructuosa, cerrándoles la puerta el Ejecutivo.

Al respecto, de manera unánime las directivas de las Asociaciones, solicitaron que la reunión quedara con respaldo audiovisual, replicando la buena práctica permanente de todas las comisiones del Congreso Nacional. “Lamentablemente, el Ministerio de Bienes Nacionales (que ahora tendrá la administración de las concesiones marítimas) se negó. Nuestra finalidad era testimoniar y transparentar los acuerdos, diálogos y peticiones realizadas para el beneficio de cada uno de los y las funcionarias que representamos”.

Asimismo, “queremos manifestar públicamente nuestro rechazo y malestar por la declaración que realizó la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval Osorio, durante la sesión del 28 de octubre de 2024 en la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, en la que cuestionó y puso en duda la capacidad técnica y el nivel de competencia, señalando “que no saben ni qué pedir en los informes”, desconociendo que ello está reglamentado y normado, siendo de conocimiento de las personas que cumplen las funciones públicas con profesionalismo, esmero, entrega, probidad y que están a cargo de los análisis y tramitación expedientes de concesiones marítimas y de acuicultura del Ministerio de Defensa Nacional”.

En este contexto, afirmaron, “resultan contradictorias dichas declaraciones de la autoridad del ejecutivo que pretende hacerse cargo de la administración de la zona costera, emitiendo juicios y declaraciones sin fundamento o argumentos que sirvan de base para lo señalado, existiendo un Reglamento sobre Concesiones Marítimas y Ley de Concesiones Marítimas que regulan los requisitos y antecedentes para analizar y otorgar una concesión marítima”.

Puntualizaron también que en las indicaciones presentadas por el Ejecutivo el 21 de octubre de 2024, no se incluyeron ninguna de las observaciones que las Asociaciones habían planteado en dos reuniones solicitadas y exigidas por escrito por los gremios previamente. De igual manera, la Dirección de Presupuestos no accedió a escuchar a quienes representan a los afectados, “ratificando con ello que sus intereses son sólo económicos”.

La consulta no vinculante realizada por la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas a través de asesores y Jefes de División sobre el articulado referente al traslado de los funcionarios no tuvo otro resultado que poder decir “accedimos a que participaran”, pero no fue real, “fue contradictorio y no hubo retroalimentación, fueron dos sesiones, sin la presencia de nuestra autoridad, la Dirección de Presupuestos y el Ministerio de Bienes Nacionales”.

Ante las circunstancias descritas, subrayaron, “hacemos presente que es un mal proyecto que no viabiliza mejoras en tiempos de tramitación, se topa de manera equivoca con otras normativas que son de competencia legal exclusiva de la Defesa Nacional y que dejará a las próximas administraciones con una implementación inviable, que, nuestras preocupaciones en esa línea y en el resguardo de una función pública digna, fueron ignoradas y que el proceso no fue más que un simple formalismo destinado a cumplir con la agenda del Ejecutivo y sus grupos de interés”.

Para el abogado y fundador de la consultora Borde Costero, Patricio Flores, “se trata de un proyecto que no ofrece reales soluciones al procedimiento administrativo de concesiones marítimas y acuícolas. Existe un know how que es propio de los funcionarios públicos que trabajan en el Departamento de Asuntos Marítimos de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, por lo que el mero traspaso del personal, no significa una mejora al sistema actual, en lo absoluto, sino que por el contrario, se debe fortalecer y mejorar lo existente, tal como se ha realizado, como por ejemplo, con la Plataforma Electrónica de concesiones marítimas”.

“Tampoco creo apropiada la marginación, en parte, de la Autoridad Marítima, pues este organismo (Armada de Chile), cumple un rol de supervigilancia y control sobre los bienes nacionales de uso público y bienes fiscales, lo que en su esencia posee un elemento de protección de la soberanía nacional”, sostuvo el abogado.

Por último, según el fundador de la consultora Borde Costero, “considero que las indicaciones ingresadas por el Ejecutivo complejizan el procedimiento administrativo actual, el cual ya es multidisciplinario y dinámico. Parte de esto, es reprochado plenamente por las Asociaciones de funcionarios que componen el Ministerio de Defensa Nacional en la declaración”.

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