Trabas que impiden crecer: sólo 1 de 210 solicitudes de relocalización salmonicultora ha sido aprobada

El miércoles 23 de abril, la Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado fue escenario de una crítica revisión al ineficaz proceso de relocalización de concesiones de acuicultura en Chile.

Tomás Monge, gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile y María Alicia Baltierra, asesora jurídica del gremio salmonicultor, advirtieron que el mecanismo se encuentra paralizado en la práctica, y propusieron una serie de reformas urgentes a nivel administrativo y legal para reactivar la actividad productiva del sector, clave para la economía de las regiones del sur.

Monge abrió la exposición señalando la gravedad del estancamiento que afecta al sistema de relocalización. “Actualmente existen 210 expedientes en trámite y sólo una relocalización se ha materializado desde el año 2011. Es decir, el sistema tiene una tasa de éxito de menos del 0,5%. Esta cifra, por sí sola, demuestra que algo no está funcionando bien”.

El ejecutivo subrayó que la industria ha cumplido con todos los requisitos técnicos y normativos exigidos, invirtiendo importantes recursos económicos, humanos y científicos, sin obtener avances concretos. “Hemos cumplido con todos los estudios requeridos, con inspecciones, con los procedimientos administrativos establecidos por la ley. Sin embargo, no se ha logrado cerrar los procesos. Esto no puede seguir así”.

Uno de los elementos centrales planteados por SalmonChile fue que la relocalización no sólo busca optimizar la productividad, sino que es una herramienta clave para mejorar el desempeño ambiental y sanitario de los centros de cultivo. “El objetivo de relocalizar es operar con centros más grandes y menos puntos productivos, distanciados entre sí. Esto reduce riesgos sanitarios, facilita la gestión de floraciones algales y mejora el bienestar animal, ya que se instalan en zonas con mayor profundidad y mejores corrientes”, explicó Monge.

Problema estructural

La abogada María Alicia Baltierra profundizó en las razones detrás de los retrasos, proponiendo soluciones específicas para destrabar el sistema. “Demorarse 14 años en la tramitación de una relocalización significa que estamos frente a un problema estructural del Estado. Un proceso que debía ser una solución se ha transformado en un obstáculo que impide crecer a una industria estratégica para Chile”.

Baltierra propuso eliminar un trámite considerado obsoleto: la revisión de cartografía por parte de Directemar, pese a que las áreas aptas para la acuicultura ya están georreferenciadas bajo el sistema WGS 84. “Este paso, que toma más de un año, es innecesario en la era de la cartografía satelital. Su eliminación permitiría acortar considerablemente los plazos, sin afectar la rigurosidad del proceso”.

A juicio de la profesional, uno de los principales cuellos de botella identificados es la inspección de banco natural, obligatoria para confirmar que no hay recursos bentónicos en el área solicitada. “No cuestionamos la necesidad de esta inspección, pero el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura no tiene presupuesto para realizarlas en un plazo razonable. Hemos visto demoras de cuatro a seis años, simplemente porque no hay recursos disponibles”.

La solución propuesta por SalmonChile es que el titular financie la inspección, pero sin intervenir en su ejecución, para garantizar transparencia. “El interesado debería pagar al Sernapesca, y este definiría el perito, la fecha y la metodología. Esto ya se contempla en el artículo 122 de la Ley de Pesca para otros informes, pero el problema es que esos recursos ingresan a Tesorería General de la República y no siempre llegan al Servicio. Proponemos crear una cuenta extrapresupuestaria para asegurar que el dinero se use en lo que corresponde”, detalló Baltierra.

Otra propuesta apunta a establecer plazos perentorios para que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas emitan sus pronunciamientos. “La Subsecretaría de las Fuerzas Armadas tiene 90 días, pero en la práctica se toma más de un año. En tanto, Subpesca no tiene un plazo definido en la ley. Esto debe corregirse, porque la incertidumbre regulatoria está afectando la inversión”.

La abogada también pidió suspender el actual plazo de seis meses para que los titulares ingresen su proyecto al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), tras recibir la resolución de Subpesca. “Actualmente, nadie alcanza a preparar un expediente serio en seis meses. Ese plazo tiene lógica en contextos de especulación, pero no cuando la industria está imposibilitada de crecer por trabas estructurales”.

La jurista planteó, igualmente, la posibilidad de establecer vías simplificadas para las relocalizaciones acotadas en superficie y que no impliquen aumento de producción. “En esos casos, debiese bastar una pertinencia ambiental, sin pasar por una evaluación completa. Esto nos permitiría avanzar en muchos casos que hoy están estancados”.

Obstáculo

Durante su intervención, el senador por la Región de Los Lagos, Carlos Ignacio Kuschel, fue enfático al calificar el sistema de relocalización como un “obstáculo estructural para el desarrollo productivo del sur de Chile”. En su opinión, el estancamiento del proceso no sólo refleja la falta de voluntad política y la ineficiencia administrativa, sino que también constituye un freno directo a la recuperación económica en un contexto global marcado por incertidumbre financiera y nuevas barreras comerciales.

“Estamos enfrentando un escenario económico muy complejo, y en vez de facilitar la inversión y generar empleos, mantenemos una normativa que paraliza proyectos por 10, 12 o 15 años. No se entiende. Esto es prohibitivo. Una de 210 solicitudes es como si estuviera prohibido relocalizar. Esto tiene un costo altísimo para las regiones y para el país”, afirmó, insistiendo en que se debe diseñar un procedimiento especial, ágil y eficaz para relocalizaciones, que permita aprobar una proporción significativa de las solicitudes vigentes en el corto plazo.

El parlamentario también hizo un llamado a las autoridades económicas del país a involucrarse directamente en la resolución del problema, sugiriendo que el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Interior deberían integrarse activamente a las discusiones sobre relocalización.

“Esta es la segunda actividad económica generadora de divisas en Chile. Si el proceso de relocalización sigue bloqueado, no sólo pierde el sector salmonicultor, sino que pierde todo el país, porque no generamos los dólares que necesitamos, sube el tipo de cambio, sube la inflación y perdemos competitividad. Esta es una política que debe cambiar con urgencia. Mantener este tipo de trabas solamente profundiza la concentración económica en la zona central, debilitando aún más el tejido económico y social de las regiones australes, que dependen fuertemente de la acuicultura como motor de desarrollo”, manifestó el senador Kuschel.

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