"Cualquier trámite de salmonicultura, no sólo fusiones y relocalizaciones, toma hasta 7 años"
En cuanto a los procesos de relocalización, expuso SalmonChile en el Senado, en 14 años sólo se han aprobado dos de las 205 solicitudes pendientes, generando incertidumbre jurídica y conflictos territoriales.
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Ante la Comisión de Pesca y Acuicultura del Senado, representantes de SalmonChile presentaron los resultados de los "Diálogos para la Salmonicultura del Futuro" -proceso territorial desarrollado el año pasado para proyectar al sector productivo hacia 2050- y expusieron las principales barreras regulatorias que enfrenta la actividad, destacando que los procesos de relocalización llevan paralizados 14 años.
El gerente de Asuntos Corporativos de SalmonChile, Tomás Monge, explicó que los "Diálogos para la Salmonicultura del Futuro" abarcaron seis regiones del país, desde el Biobío hasta Magallanes, involucrando a más de 800 participantes y 287 organizaciones diversas. “El propósito de los diálogos fue, primero, proyectar la salmonicultura al 2050, incorporando la mirada de quienes formamos parte del sur de Chile; no solamente las empresas, sino también la visión de pescadores artesanales, comunidades, trabajadores, sindicatos, municipios y autoridades locales. Los diálogos lograron una convocatoria transversal, motivando una conversación franca y abierta para proyectar en conjunto el futuro de la salmonicultura y de las regiones del sur del país”.
El director de Comunidades del gremio, Felipe Díaz, detalló los tres ejes principales abordados en los diálogos: “Desarrollo económico y bienestar social”; “Salmonicultura y Sustentabilidad”; y “Convivencia en Mar, agua dulce y territorio”. Entre las conclusiones del proceso destacaron el lograr que la salmonicultura tenga una relación más sólida con las comunidades locales; que los aportes económicos que hoy entrega en el territorio donde está inserta se mantengan y potencien, generando mayor valor local; y establecer marcos regulatorios que no solo sean claros y comprensibles, sino que también ofrezcan estabilidad a este sector productivo en el largo plazo, equilibrando el crecimiento económico y la protección del entorno.
“Las comunidades nos llamaron a seguir siendo un aporte en los territorios desde el compromiso con el desarrollo local, la contratación y el fortalecimiento de proveedores regionales”, señaló Díaz.
Ordenamiento territorial
En el contexto de los Diálogos se abordó también la complejidad del ordenamiento territorial que afecta al desarrollo del sector productivo. En esta materia, María Alicia Baltierra, asesora legislativa del gremio, indicó que si bien la salmonicultura opera bajo un marco regulatorio que define claramente sus parámetros de producción (dónde, cuándo y cuánto), existen importantes barreras para su desarrollo.
Destacó que el sector ha buscado constantemente optimizar sus operaciones mediante la concentración de concesiones mejor ubicadas y más distanciadas entre sí, pero este objetivo se ha visto frustrado por la lentitud en los procesos de relocalización: en 14 años sólo se han aprobado 2 de las 205 solicitudes pendientes, generando incertidumbre jurídica y conflictos territoriales que dificultan la consolidación del sector en el sur del país.
Baltierra apuntó, además, que “cualquier trámite del sector, no sólo las fusiones y relocalizaciones, puede tomar entre 6 y 7 años. Incluso procesos aparentemente simples, como el arriendo o la transferencia de una concesión, pueden extenderse por dos o tres años debido a entrampamientos administrativos”.
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La situación se complejiza aún más con la superposición de diferentes figuras de protección y uso. La presentación mostró cómo el plan de manejo de la Reserva Nacional Las Guaitecas, originalmente forestal, ahora incluye áreas marítimas y zonas de influencia que abarcan gran parte del litoral de Aysén, generando nuevas incertidumbres para las operaciones acuícolas en la región.
Los representantes de SalmonChile concluyeron que el ordenamiento territorial es un tema clave para el sector y requiere un trabajo profundo que involucre a todos los actores para brindar certeza jurídica no sólo a la salmonicultura, sino también a la pesca artesanal y otros usuarios del borde costero, permitiendo un desarrollo armónico y sustentable del sector.
