Cambio en trámite de concesiones: ¿beneficiará o afectará a la salmonicultura?
Chile: Prontamente, el trámite para el otorgamiento de concesiones marítimas, pasará del Ministerio de Defensa al de Bienes Nacionales. Expertos dan a conocer los pro y los contras de esta medida.
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Las concesiones marítimas, uno de los trámites más engorrosos efectuados por el Estado, pasarán de depender del Ministerio de Defensa a la cartera de Bienes Nacionales con el fin de acortar el tiempo de demora de este permiso -32 meses en promedio- y la cantidad de procesos pendientes, así como la existencia de criterios poco claros en el otorgamiento respectivo.
Al respecto, Marcelo Campos, socio director de Acuasesorías, detalló que para lograr entender la problemática de la tramitación de las concesiones marítimas, es preciso ver que la normativa base data de 1960 (DFL N° 340 de 1960) y que las modificaciones al reglamento sólo consideran cambios superficiales “y no necesariamente se ajustan a los actuales requerimientos de un borde costero altamente demandado para los más diversos usos, la mayor parte de los cuales tienen una importante connotación económica para el desarrollo del país”.
Por otra parte, indicó Campos, mientras no se hagan sustanciales modificaciones a la Ley N° 20.249, que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios (ECMPO), conocida también como Ley Lafkenche, particularmente en lo que se refiere al efecto suspensivo de toda otra solicitud en el área como asimismo a las dimensiones de los ECMPO, no se podrá avanzar en la generación de un óptimo sistema para la tramitación de las concesiones marítimas. “Si bien es cierto, a través del Boletín N° 15.862-21, que se encuentra en primer trámite constitucional en Comisión de Intereses Marítimos, Pesca y Acuicultura del Senado, se pretende introducir diversas modificaciones a la Ley N° 20.249, con el objeto de perfeccionar su implementación, ninguna de éstas se refiere a los inconvenientes señalados, salvo en lo referido a solicitudes de renovación de áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERB) reguladas en la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA)”.
“Pensar en el traspaso de las tramitaciones referidas a concesiones marítimas al Ministerio de Bienes Nacionales, en lo inmediato traerá -al menos en su etapa inicial- una mayor complicación a los concesionarios ya que se deberá implementar un nuevo sistema, realizar capacitación tanto a personal como a usuarios, además de efectuar una serie de gestiones que hoy en día ya están en curso en Subsecretaría para las Fuerzas Armadas”, advirtió el socio director de Acuasesorías.
Por su parte, David Zaviezo, socio de la consultora Certes, argumentó que la demora en cualquiera de estos otorgamientos de concesiones, inhibe la generación de nuevos proyectos de inversión, genera incertidumbre en los productores, incumplimientos regulatorios y riesgos legales en el posible uso ilegal del mar, con las consecuentes fiscalizaciones y multas asociadas, aumentando los costos de producción y disminuyendo la competitividad de la industria salmonicultora.
Y los ECMPO “son una gran barrera de otorgamiento de concesiones marítimas. Los ECMPO, por el solo hecho de ingresar a trámite, suspenden cualquier otra solicitud nueva o renovación de una ya otorgada en el mismo espacio, aunque la porción solicitada de mar para una concesión marítima sea ínfima en comparación con el ECMPO”, explicó Zaviezo.
En los últimos días, según el socio de Certes, “hemos visto cómo el concepto “permisología” ha aparecido con fuerza en diferentes medios de prensa y se ha instalado en la agenda del Gobierno, a propósito de las recomendaciones de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad. Es de esperar que las conclusiones de esta comisión tengan buena acogida y que el cambio al Ministerio de Bienes Nacionales del trámite de otorgamiento de concesiones marítimas, sea positivo y logre destrabar buena parte de las solicitudes en trámite”.
Mientras que José Miguel Burgos, socio de Acuiestudios, expuso que “este cambio puede ser un paso para disminuir la demora en los trámites a los que se encuentran sometidas las diversas concesiones ante la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, las que incluso han sido destacadas en un reciente dictamen de la Contraloría General de la República. Este cambio debería ir aparejado con más recursos al Ministerio de Bienes Nacionales, sino probablemente terminará en sólo un cambio de institución que lleva el trámite”.
“Un aspecto importante que se debe mejorar además de los excesivos tiempos de demora, son aquellos como el acceso a la información de los propios trámites y las respuestas a las consultas referidas a criterios de aplicación de las normas, como por ejemplo los criterios que se utilizan para contabilizar los meses de operación”, manifestó Burgos.
El socio de Acuiestudios recalcó que la solución definitiva está en revisar completamente la entrega de concesiones de marítimas y de acuicultura, cambiándolo a un sistema que esté coordinado entre los diversos órganos del Estado, “de modo que las análisis o exigencias sólo se hagan en una parte del proceso y no se repitan en más de una ocasión. Un buen ejemplo de esto es la modificación de DS 290, en relación a las modificaciones de proyectos técnicos de algas”.
