Salmonicultores acusan 400 solicitudes de suspensión de operaciones pendientes
Chile: La industria afirma que existe incertidumbre jurídica en trámites administrativos, afectando la operación y la planificación de las siembras, las inversiones, y la toma de decisiones futuras.
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Desde el Consejo del Salmón se refirieron a la denuncia llevada a cabo por Fundación Terram ante la Contraloría, que identificó que 280 concesiones ubicadas al interior de cinco áreas protegidas de la Patagonia chilena se mantendrían vigentes pese a haber incurrido en causal de caducidad.
“La salmonicultura chilena enfrenta hace varios años una importante demora y congestión administrativa en distintos trámites frente a varios servicios públicos, entre ellos, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas respecto de las concesiones acuícolas, lo que causa costos innecesarios y falta de certeza jurídica”, afirmaron desde el gremio.
Para la asociación, Fundación Terram presenta un tema de suma urgencia para la salmonicultura y que como gremio han advertido en diversas reuniones con organismos públicos y que es la significativa demora que existe, actualmente, en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas para los trámites de suspensión de actividades de concesiones que estipula la ley.
Según cálculos de la industria, existen alrededor de 400 solicitudes de las empresas de prórroga de suspensión de operaciones pendientes de resolución por parte de la Subsecretaría lo que es de acuerdo con el Consejo del Salmón, “sin dudas, grave”.
“Al no contar con la resolución necesaria que debiese entregar a tiempo la Subsecretaría, las concesiones de acuicultura son consideradas por Sernapesca en causal de caducidad y esto representa una fuente de incertidumbre jurídica para la actividad productiva, afectando la operación y la planificación de las siembras, las inversiones, y la toma de decisiones futuras de las empresas salmonicultoras”, acusaron desde la entidad.
Respecto a los alcances de la investigación de la Fundación Terram, que concluye que existirían posibles ilegalidades por la no caducidad de estas concesiones por paralizar más de dos años, las solicitudes de extensión de prórrogas que contempla el artículo 69 bis de la Ley de Pesca y Acuicultura establecen que el titular de la concesión puede solicitar a la Subsecretaria de Fuerzas Armadas la ampliación del plazo de suspensión de las operaciones, por el equivalente al doble del tiempo de operación que haya antecedido a la paralización con un máximo de cuatro años.
“Esto permitiría paralizar operaciones en ciertas concesiones por hasta cuatro años adicionales, si se cumplen los supuestos. En esa línea, y siguiendo el artículo 69 bis, las empresas productoras han ingresado cientos de solicitudes de ampliación de plazo de paralización y la demora en la tramitación de las señaladas prórrogas de paralización son tales, que una empresa habitualmente debe esperar varios años antes de obtener la resolución que confiere la prórroga del plazo de paralización, lo que podría ser la razón que explica las supuestas ilegalidades que la Fundación Terram planteó en su análisis; y que no son tales”, clarifican desde la asociación gremial.
