La SMA entrega su respuesta frente a las acusaciones de Cooke Chile

El año pasado, el Gobierno y dos grandes salmonicultoras, Cooke Aquaculture y AquaChile, suscribieron un acuerdo de relocalización voluntaria, para que en un marco de colaboración público-privada las empresas salieran de los parques nacionales Isla Magdalena, Laguna San Rafael y Bernardo O’Higgins.

Sin embargo, la semana pasada, en una decisión que la compañía califica de “inexplicable y completamente infundada”, la SMA solicitó al Tercer Tribunal Ambiental la paralización de la siembra en uno de los principales centros de cultivo para el período 2025, Huillines 3, que justamente se encuentra en proceso de relocalización.

Desde la SMA expresaron a Salmonexpert que respecto del proceso de relocalización, “si bien éste recaería sobre dos de los CES que son objeto del procedimiento sancionatorio D-096-2021, no existe norma legal que establezca la incompatibilidad de estos procedimientos de forma simultánea”.

Además, dieron a conocer que “tampoco existe norma que establezca el deber de esta SMA a no conocer y resolver acerca de los hechos que fundamentan el presente procedimiento, así como de inhibirse para adoptar las medidas correspondientes para prever un riesgo de daño inminente al medio ambiente, existiendo los elementos que dispone el artículo 48 de la Ley Orgánica de la SMA”.

Para la autoridad ambiental, el Parque Nacional Laguna San Rafael destaca por albergar distintas especies de flora y fauna, muchas de ellas protegidas (chungungo, delfín oscuro, tonina negra, lobo de un pelo y otros). Junto con esto, “el Plan de Uso Público del Parque Nacional Laguna San Rafael (2017) identificó como amenaza directa del uso público del parque, la contaminación de suelos y/o fuentes de agua por basuras de actividades intensivas (acuicultura, empresas salmonicultoras)”.

“En vista ello y tal como confirmó el Tercer Tribunal Ambiental, existiría un riesgo de daño al medio ambiente marino del Parque Nacional Laguna San Rafael, por la cantidad de toneladas de sobreproducción de peces y la ausencia de medidas ambientales previamente evaluadas”, recalcó la entidad fiscalizadora.

De acuerdo con la Superintendencia, “esta mayor producción genera un aumento de la cantidad de contaminantes y desechos de los peces, produciendo una acumulación de elementos en los sedimentos que se encuentran bajo las balsas jaulas, afectando negativamente la biodiversidad y alterando de columna de agua que puede generar un aumento del crecimiento de algas, lo que es especialmente relevante al ser al interior de un Parque Nacional”.

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